Guatemala, 28 ago (EFE).- La organización Coalición Internacional para la Tierra (ILC, en inglés) pidió este viernes al Gobierno de Guatemala cesar la criminalización a los pueblos indígenas y campesinos del país centroamericano y calificó de «retroceso» el cierre de instituciones nacidas por los Acuerdos de Paz.
La ILC aseguró en un pronunciamiento que las organizaciones indígenas y campesinas guatemaltecas «se enfrentan a un contexto de violencia agravado por el debilitamiento de la institucionalidad agraria y de derechos humanos», enfatizado por la reciente eliminación de la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de DD. HH. y la Secretaría de la Paz.
Las entidades fueron clausuradas por orden del Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien fue investido el pasado 14 de enero por un período de cuatro años.
El cierre de esas entidades, creadas para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz firmados en 1996, «con un rol fundamental para el diálogo entre el Estado y las organizaciones campesinas e indígenas», es un «retroceso en la construcción de un Estado más democrático y respetuoso de los DD. HH.» y «dificulta aún más la resolución pacífica de la aguda problemática agraria y territorial», además del desarrollo rural integral, esgrimió la ILC.
La coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe de la Coalición, Zulema Burneo, cuestionó la política del Gobierno guatemalteco de incumplimiento con los pueblos originarios, con interrogantes abiertas, entre ellas: «¿Vamos a enseñar que la vida de las personas no vale?, ¿que no importan los derechos humanos?, ¿o que no importa ni el cuidado de la tierra o los recursos naturales que nos proveen bienestar o alimentos?».
Durante una conferencia de prensa virtual de la entidad, Burneo preguntó además si «¿vamos a enseñar que no importa la corrupción?, ¿que no se hace justicia y se puede vivir en la impunidad?».
LA PAZ EN JUEGO
El exdiputado del partido Convergencia (2016-2020) y actual coordinador de la comisión política del Consejo Campesino Del Altiplano (CCDA), Leocadio Juracán, aseguró durante la rueda de prensa que diversas organizaciones campesinas interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad una «acción de inconstitucionalidad» por el cierre de las instituciones de la paz, pues «el Estado cometió una ilegalidad al querer modificar la ley marco de los Acuerdos de Paz».
Guatemala vivió un conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército y grupos paramilitares que dejó unas 200.000 víctimas y 45.000 desapariciones forzadas, que culminaron el 29 de diciembre de 1996 con la firma de la paz firme y duradera, tras cinco años de negociaciones (1991-1996) que dieron forma a doce Acuerdos de Paz para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó la guerra interna.
Por su parte, el director ejecutivo de la Coordinadora de Cooperativas y ONG de Guatemala (Congcoop), Alejandro Aguirre, indicó que «definitivamente» había «señales» de la posible intervención a las instituciones mencionadas incluso ya «en el mismo plan de Gobierno y los discursos» del Giammattei, durante la campaña electoral del año pasado y previo a tomar posesión el pasado 14 de enero.
«Ahora que viene la ‘pospandemia’ y la reactivación económica seguramente se den más este tipo de situaciones (políticas contrarias a los pueblos indígenas), además de que ya viene la aprobación del presupuesto nacional», mencionó Aguirre.
El coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Carlos Morales, instó a la comunidad internacional a pronunciarse con mayor énfasis al respecto, pues consideró que con su silencio tras el cierre de las instituciones emanadas de los acuerdos, «hizo un apoyo no público al Gobierno en ese desmantelamiento».
PUEBLOS CRIMINALIZADOS
El propio Morales subrayó que la situación de los pueblos y los campesinos «es preocupante» en la actualidad, pues «a pesar de tener este problema serio de la COVID-19 se nos esté criminalizando, capturando, asesinando al sector indígena campesino».
El director de la ILC, Michael Taylor, visitó al país centroamericano con una delegación de la Coalición en 2018, donde verificó la situación de violaciones de los derechos humanos de los defensores del territorio y opositores de proyectos extractivos, así como de la «alarmante» situación de la libertad de expresión, como calificó entonces.
