Varios gremios remitieron sus pareceres sobre el Proyecto de Ley «Que crea el Registro Nacional de pagarés y otros Títulos de Créditos», presentado por el Diputado José Rodríguez.
Los gremios reconocen la intención de mejorar la seguridad jurídica y la transparencia, pero advierten que la medida añadiría cargas operativas y responsabilidades que afectarían al mercado financiero. Además, alertan que el registro obligatorio vulnera principios esenciales de los títulos de crédito, perjudicando su papel en la economía y el comercio.
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La Cámara Nacional De Comercio Y Servicios De Paraguay en una nota enviada a Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo del Congreso Nacional indica que los efectos del proyecto podrían tener un impacto importante en el mercado y la economía, pudiendo incluso de manera negativa limitar y encarecer los créditos, por lo cual solicitó se encamine un proceso prudente y de mayor tiempo de consulta y análisis antes de su tratamiento en la plenaria.
Posición de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
“Si bien es cierto que en los últimos meses hemos sido testigos de un esquema de ejecución de pagarés, el cual ha causado un gran perjuicio a las víctimas y al sistema judicial, consideramos que la solución no radica en proyectos de leyes que podrían desconocer o no comprender acabadamente el funcionamiento del comercio”, señala el mencionado gremio.
A criterio de la CNCS, el costo y la carga administrativa de registrar cada pagaré emitido, en un plazo de 10 días desde su emisión, y condicionar la ejecutabilidad del título de crédito a este acto administrativo, causará un daño irreparable al sistema financiero en particular y, en general al comercio, ya que la consecuencia será la obsolescencia del uso de los títulos de crédito, con lo cual se deberá buscar otras garantías a la financiación, afectando de esta manera a la ciudadanía que busca emprender, invertir o crecer.
Por otro lado, señalan que la realización de una auditoría de cada proceso judicial iniciado con un título de crédito como base del litigio, como pretende el Proyecto de Ley, paralizará el sistema judicial provocando incertidumbre jurídica, aumentando los costos tanto para el deudor -ya que los intereses le seguirán corriendo-, como para el acreedor quien no verá satisfecho su crédito.
Así mismo, la CNCSP destaca que la emisión y circulación de títulos de créditos electrónicos, mediante sistemas de registros informáticos, sí representaría un gran avance para el comercio y, siempre y cuando se garantice la seguridad jurídica.
En esta línea, sugiere traer a la mesa a todas las partes del Estado y sector privado, que deberían intervenir y/o sugerir al respecto de la creación de un registro de pagarés/títulos de crédito electrónico/digital.
SEDECO
La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario también remitió una nota al Congreso en donde destaca que el registro obligatorio podría mejorar la transparencia y prevenir fraudes, pero advierte que también podría limitar el acceso al crédito, especialmente para consumidores de bajos ingresos y pequeñas entidades financieras.
Plantea algunas modificaciones para equilibrar la seguridad jurídica con la inclusión financiera, como excepciones para ciertos pagarés, plazos de inscripción más flexibles y una implementación gradual para minimizar costos y barreras burocráticas.
COLEGIO DE ESCRIBANOS
Por su parte, el Colegio de Escribanos del Paraguay señaló que podría afectar negativamente la circulación de estos documentos y el comercio. Argumenta que los pagarés ya cuentan con principios jurídicos y mecanismos de ejecución establecidos en la legislación vigente, por lo que un registro obligatorio no solucionaría problemas como fraudes o malas prácticas judiciales.
Además, advierte que la medida burocratizaría innecesariamente el sistema, ralentizando las operaciones comerciales sin ofrecer mayor seguridad jurídica.
COLEGIO DE ABOGADOS
Por su lado, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) critica el proyecto argumentando que impondría restricciones que podrían tener un impacto negativo en la economía y el tráfico comercial del país, limitando el acceso a mecanismos de financiamiento y pago, especialmente para pequeños empresarios y particulares.
En un informe remitido al Congreso, el CAP sostiene que la imposición de un registro obligatorio vulnera los principios esenciales de los títulos de crédito, afectando su función en la economía y el comercio.
POSTURA ASOBAN
También, la Asociación de Bancos del Paraguay menciona que, si bien el objetivo del proyecto de fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia es loable, su implementación puede generar cargas operativas y responsabilidades adicionales a las actuales, que impactarían en el funcionamiento del mercado financiero.
Coincide en que la imposición de un registro obligatorio vulnera los principios esenciales de los títulos de crédito, afectando su función en la economía y el comercio.
