México, 31 ago (EFE).- El Gobierno de México le propuso este lunes a familiares de los mineros muertos en el accidente de la mina Pasta de Conchos ocurrido en 2006 seguir el rescate de los cuerpos o levantar un memorial en el sitio del accidente.
La propuesta fue presentada a los familiares en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional de la capital mexicana y estos contarán con un par de semanas para tomar una decisión, informaron las autoridades.
Un total de 65 trabajadores de Pasta de Conchos murieron en una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006; dos cuerpos fueron recuperados, pero el resto quedaron sepultados al suspenderse las labores de rescate por los riesgos que suponía.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, López Obrador afirmó que el propósito de la reunión con los familiares «es cumplir el compromiso del rescate de los cuerpos y analizar otras opciones para hacer justicia».
«Nos reunimos con familiares de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos» dijo López Obrador al señalar que serán ellos los que decidirán y expresó la esperanza de que «ojalá sea por consenso».
Nada más concluir la reunión, la titular de la Secretaría de Trabajo, María Luisa Alcalde, confirmó en declaraciones a la prensa mexicana que en la misma se establecieron los plazos y los costos del rescate y la propuesta del memorial.
«Con esta información, de manera transparente, es que se presenta a las familias la posibilidad de que ellos decidan si continuamos por esa vía o hay una alternativa de que ahí podamos hacer un memorial para que nunca se olvide lo que sucedió», declaró.
La titular del ministerio del Trabajo dijo que es posible que los familiares puedan volver una vez que hayan tomado una decisión con la finalidad de establecer los puntos del acuerdo.
El Gobierno de López Obrador, que comenzó en diciembre del 2018, ofreció estudiar una vía para el rescate y tras estudios de expertos anunció que en octubre iniciará la recuperación de los cuerpos de esta mina ubicada en el norteño estado de Coahuila.
La Secretaría del Trabajo de México pidió en 2008 a los familiares de las víctimas de la explosión abstenerse de intentar el rescate de los cuerpos debido a la inseguridad.
Los familiares presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2010, argumentando que las autoridades mexicanas eran responsables de la ineficacia de las labores de rescate.
