Sao Paulo, 9 sep (EFE).- La asamblea de acreedores de la telefónica Oi aprobó las modificaciones del plan de recuperación judicial, el cual prevé la venta de diversas operaciones, entre ellas la unidad de telefonía móvil por la que pujan la filial brasileña de Telefónica y sus socios TIM y VIVO.
Tras una asamblea celebrada anoche, que se prolongó por más de 12 horas y que contó con la resistencia de los grandes bancos, los acreedores aprobaron el plan, que incluye la venta de activos por más de 38.000 millones de reales (unos 7.170 millones de dólares).
En un comunicado enviado al mercado este miércoles, Oi, en concurso de acreedores desde 2016, señaló que el nuevo plan de recuperación «atiende a todas las partes interesadas de forma equilibrada y garantiza la viabilidad operacional, mayor flexibilidad y eficiencia financiera».
La telefónica, que intenta sobrevivir a una millonaria deuda de 64.000 millones de reales (unos 12.000 millones de dólares), recalcó que la implementación del plan «reposiciona» a la compañía y «crea valor» para los accionistas.
La hoja de ruta incluye la venta de la unidad de telefonía móvil, por la que pujan TIM, Telefónica y Claro, las cuales ya han sido calificadas como «primer licitador» en el proceso, lo que, entre otras cuestiones, implica que tendrán derecho a igualar cualquier oferta que se presente.
Los tres socios han ratificado el valor de 16.500 millones de reales (3.100 millones de dólares), de los que 756 millones de reales (142 millones de dólares) corresponden a los servicios transitorios que serán prestados por Oi a los oferentes durante 12 meses.
TIM, Telefónica y Claro (de la mexicana América Movil) compiten en el proceso con Highline Brasil, controlada por la estadounidense Digital Colony y que llegó a tener un acuerdo de exclusividad para negociar con Oi la compra de sus activos móviles, a los que valoró en unos 20.000 millones de reales (3.190 millones de euros)
La empresa también pretende vender las operaciones de fibra óptica, para las cuales definió un valor mínimo de 20.000 millones de reales (unos 3.773 millones de dólares), así como deshacerse de sus 637 torres de telefonía móvil.
Con la conclusión del proceso, Oi pretende mantener su actuación tan solo en la banda larga y la telefonía fija.
Oi ya aprobó un plan de recuperación judicial en 2017, en una asamblea que duró más de 20 horas, pero, tras la luz verde, la compañía se vio inmersa en un conflicto societario que dificultó la ejecución del rescate.
Con la aprobación de las modificaciones, la compañía pretende ahora generar «valor y confianza» para todos sus acreedores, según indicó su presidente, Rodrigo Abreu, al inicio de la asamblea.
