México, 27 sep (EFE).- El Gobierno mexicano celebra este domingo el aniversario 60 de la nacionalización de la industria eléctrica con un estatismo recargado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desea «rescatarla» de la reforma energética «neoliberal» de 2013.
Pese a los retos de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), López Obrador ha expresado su deseo de retornar a la política del expresidente Adolfo López Mateos (1958-1964), quien nacionalizó el sector eléctrico en 1960.
Para su Gobierno es «imperante» destacar la nacionalización de los bienes «que pertenecen al país», explicó este domingo a Efe la investigadora Jessica Lorena Escobar, doctora en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Considera que la nacionalización de la industria eléctrica es un gran hito en la historia nacional, lo que permitió el crecimiento económico de la década de los 60 y 70, sin embargo, es más complejo de lo que parece», advirtió la economista.
NOSTALGIA NACIONALISTA
López Obrador confirmó esta semana que pidió a los órganos autónomos de energía recuperar la política de López Mateos y Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien además de fundar la CFE, nacionalizó el petróleo y creó la petrolera estatal Pemex.
El actual presidente argumentó que tanto la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) como la CFE «estaban tomadas» y «en manos de particulares» cuando el nuevo Gobierno entró en funciones en diciembre de 2018.
«Lo que queremos es que sean empresas de la nación, del pueblo, en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos», insistió en su rueda de prensa del jueves.
Tras una reunión con organismos energéticos autónomos, trascendió la renuncia de Alfonso Morcos, titular del Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), que opera el sistema eléctrico nacional.
El Cenace es polémico desde el 29 de abril, cuando difundió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del sistema eléctrico, con el que buscó frenar la entrada de nuevas plantas privadas de energía renovable en el país y que fue suspendido por amparos judiciales.
Al calcular una pérdida de 6.000 millones de dólares en inversiones, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó su «preocupación» por las acciones del Gobierno y la posibilidad de una contrarreforma energética.
«Sentimos una amenaza en el sector eléctrico, sí sentimos un retroceso en el sector eléctrico, y creo que sí nos van a dar palo (perjudicar)», expresó Raúl Picard, uno de los vicepresidentes de los industriales.
CONSECUENCIAS COMERCIALES
A pesar de la intención del presidente, Escobar remarcó que México está en un periodo distinto al de la presidencia de López Mateos, cuando había sustitución de importaciones, en contraste con los acuerdos comerciales actuales de México.
«Regresar al estado previo a la reforma traería consecuencias legales a nivel internacional que deteriorarían todavía más la ya frágil posición de la empresa productiva del Estado», observó la investigadora.
Además de posibles sanciones, la Concamin lamentó que la industria mexicana «paga el doble de energía» que sus competidores del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«La inversión ahí está, los proyectos ahí están, lo que se necesita es confianza, y por último tenemos acuerdos con los países que tenemos tratados, y no podemos violar el Estado de derecho», manifestó Alejandro Malagón, también vicepresidente de la confederación.
RESCATE NECESARIO
La reforma energética de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que liberalizó el sector, conllevó la separación de reguladores y operadores en el sector, certeza jurídica y la restructuración de pasivos laborales, por lo que derogarla «además de poco factible resulta no deseable», opinó Escobar.
«Sin embargo, la reforma tampoco trajo los beneficios que se esperaban. La reforma energética tenía como fin enfrentar el rezago en la inversión, lo cual provoca altos costos en las tarifas eléctricas, hecho que hasta el momento no se ha consolidado», matizó.
La CFE sí necesita ayuda, según especialistas, porque sus ingresos cayeron un 4 % anual en el segundo trimestre por la pandemia, su pasivo total creció 13 % y canceló cuatro licitaciones para la construcción de plantas eléctricas.
Pero cerrarse a la inversión privada complica la meta del presidente, quien desea que CFE genere el 54 % de la electricidad del país, opinó Ramsés Pech, socio fundador de Caraiva y Asociados, consultora de proyectos energéticos.
«Si acotamos la inversión a solo pública y mantenemos constante a la privada por un periodo de tiempo, el déficit presupuestario aumentará y llevará a que tengamos que pedir créditos», manifestó en un análisis enviado a Efe.
