Panamá, 7 oct (EFE).- Contratistas panameños asumirán los trabajos de adecuación, para tratar a pacientes de la COVID-19, de un área de un gran proyecto hospitalario adjudicado a FCC en Panamá que está envuelto en un conflicto contractual por retrasos en su construcción que ha llegado a un tribunal internacional de arbitraje.
«Hemos logrado, tras meses de negociaciones (con FCC), entrar a la Ciudad de la Salud para habilitar la Sala COVID-19», declaró este miércoles el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, durante el acto de rendición de cuentas de su gestión
La habilitación de la Sala COVID-19 quedará en manos de contratistas panameños aún por definir, así como el monto de inversión, precisó a EFE una fuente de la CSS, que en 2012 adjudicó el proyecto a la constructora española FCC por un monto original de 587,5 millones de dólares que, tras adendas, se ha elevado al menos hasta los 769,54 millones de dólares.
Esta sala tendrá «84 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 48 camas para Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE) y 164 camas para sala» general, precisó este miércoles Lau Cortés.
El director del Seguro Social panameño agregó que las conversaciones con FCC «se mantienen aún cuando persistan las diferencias entre la empresa contratista y la CSS, las cuales en apego al contrato vigente seguirán su curso mediante arbitraje al tiempo que terminamos la obra».
Panamá, que acumula 116.602 los contagios confirmados y a 2.440 las muertes por la enfermedad, se encuentra en plena reactivación económica tras siete meses de restricciones por la pandemia y trabaja para elevar su capacidad hospitalaria ante eventuales rebrotes.
UN PROYECTO EN CONFLICTO
La Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria es un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, 1.235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas, que alcanza un 65 % de avance.
A inicios de agosto pasado, la CSS solicitó a FCC que les presentara un proyecto para la habilitación de tres salas en esta instalación para tratar pacientes de la COVID-19, pero la constructora exigió un pago de 125 millones de dólares a través de un Tribunal de Arbitraje Internacional, una cantidad que Panamá rechazó.
Lau dijo en una comparecencia pública que el pasado 25 de agosto «sorpresivamente» la CSS recibió «una notificación» de FCC «donde nos solicita resolver unilateralmente el contrato y con eso dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causa de fuerza mayor, incluyendo ahí lo que ha sucedido con la COVID», lo que el ente panameño rechazó «porque el país quedaría desprotegido ante0 cualquier reclamación».
Una semana después Lau anunció el inicio de un proceso de «resolución administrativa» o extinción del contrato con FCC por el proyecto hospitalario «por una serie de incumplimientos que el contratista ha tenido».
Este proyecto es investigado por la Justicia de España en una causa en la que FCC está imputada por haber pagado sobornos que suman 82,7 millones de dólares, como la misma empresa ha admitido según la información judicial española, para obtener este contrato y otros para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de la capital panameña.
