San José, 16 oct (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, criticó duramente este jueves a la cúpula del sector empresarial del país por entablar un diálogo con los líderes de las protestas que desde el pasado 30 de septiembre han afectado al país durante dos semanas con hechos de violencia y bloqueos de carreteras.
«Hay voces muy minoritarias pero peligrosas, que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán. Lo grave hoy es que una organización empresarial legitimó a ese actor. Al hacer eso le dio la espalda a la democracia», afirmó Alvarado.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la principal organización empresarial del país, confirmó este viernes que sostuvo una reunión con el llamado «Movimiento Rescate Nacional», el cual organizó las protestas contra un eventual acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que cuyos líderes en algún momento llamaron a la desobediencia civil.
Según la UCCAEP, los bloqueos de carreteras fueron levantados tras una reunión que sostuvo con el «Movimiento Rescate Nacional», lo que además permitió «iniciar un diálogo de acción inmediata que permita generar consensos para solventar la crisis económica y social que afecta a Costa Rica».
El presidente Alvarado aseveró este viernes, sin decir los nombres de la UCCAEP ni del «Movimiento Rescate Nacional», que afirmar que los bloqueos se levantaron tras esa reunión y la firma «espuria» de un documento, es «un irrespeto a la Fuerza Pública, a los 120 policías heridos y a la democracia misma» .
El mandatario, quien se ha negado a entablar un diálogo con el movimiento que organizó las protestas, aseguró que los bloqueos fueron levantados tras procesos de diálogo en diversas comunidades y por la acción de la policía en otras.
«La solidez de la democracia de Costa Rica no se debe poner en riesgo. Las soluciones deben ser las institucionales, las de la democracia», expresó el presidente.
El jueves fracasó una iniciativa de dialogo nacional sobre los problemas fiscales del país propuesta por Alvarado y el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, debido a que varios sectores invitados declinaron su participación, entre ellos la UCCAEP.
Alvarado anunció que seguirá promoviendo ese diálogo y que analizará otra metodología.
La UCCAEP invitó al Gobierno a unirse a una mesa multisectorial organizada por la Asamblea de Trabajadores del estatal Banco Popular, que cuenta con el apoyo de varios sectores y que considera el espacio más propicio para un diálogo.
La organización dijo que su objetivo es «contribuir a promover el ambiente de paz social que tanto urge para reactivar la economía y la generación de empleo».
Las protestas comenzaron el 30 de septiembre en rechazo a la intención del Gobierno de buscar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta de algunos activos estatales.
En medio de las protestas y ante el escaso apoyo político, el 4 de octubre Alvarado retiró la iniciativa y dijo que abriría un proceso de diálogo nacional.
Sin embargo, las protestas continuaron, pues los líderes del movimiento exigían al mandatario firmar un documento en el que se comprometiera a no acudir al FMI en lo que resta de su gobierno, a no subir impuestos y a no vender activos.
Las protestas, que cesaron desde el miércoles, tuvieron episodios de violencia como enfrentamientos entre manifestantes y policías, y el lanzamiento de piedras y bombas molotov a vehículos policiales que resultaron con serios daños y al menos tres se quemaron por completo.
El Gobierno interpuso el jueves una demanda penal contra los organizadores de las protestas, entre ellos el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, y el exdiputado Célimo Guido, por los presuntos delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión.
