San José, 20 oct (EFE).- Ante el elevado déficit y la creciente deuda, el Congreso de Costa Rica debate sobre recortes al presupuesto estatal de 2021, mientras el Gobierno ha intensificado gestiones para atenuar la situación, pues afirma que muchos servicios y programas educativos, culturales y ambientales se verían seriamente afectados.
Esta discusión se presenta en el marco de una economía afectada por la covid-19 y un escenario polarizado en el que grupos sindicales y sociales exigen combatir a los grandes evasores y en el que los sectores empresariales urgen reducir el gasto público.
La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso discute este martes mociones que buscar recortar gastos por alrededor de 500 millones de dólares, del presupuesto total presentado por el Gobierno, que es de 19.000 millones de dólares y que se financiará con deuda en un 54,9 %.
Según los diputados de oposición, los recortes que se impulsan para unas 25 instituciones públicas comprenden partidas como viáticos, alquileres, consultorías, viajes, alimentos y bebidas, festivales, materiales de oficina, transporte, actividades protocolorias, entre otras.
Estos legisladores creen que el Gobierno no se ha comprometido con un verdadero recorte del gasto público.
La fracción legislativa oficialista del Partido Acción Ciudadana ha criticado las mociones presentadas por la oposición para recortar el presupuesto, mientras que el Gobierno ha intensificado gestiones para afirmar que corren peligro actividades educativas, culturales, programas ambientales y servicios públicos como los del Registro Nacional.
Incluso el Gobierno ha indicado que podría haber un «cierre técnico» en instituciones como el Ministerio de Cultura y afectación a la atención de la pandemia de la covid-19 por parte del Ministerio de Salud.
«Dada la estrechez de dicho presupuesto, cualquier recorte adicional debe hacerse con el mayor rigor técnico posible, para no perjudicar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía», advirtió el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Según, el ministro en el presupuesto presentado el Gobierno ya recortó un 1,2 % del PIB (unos 730 millones de dólares) en gasto primario en comparación con el 2020, y se comprometió a presentar en enero próximo una nueva reducción de unos 290 millones de dólares.
CIFRAS CADA VEZ MÁS DETERIORADAS
Las proyecciones oficiales indican que Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal de alrededor del 9 % del PIB, una deuda cercana al 70 % del PIB y una caída económica del 5 %.
Este martes el Ministerio de Hacienda informó que el déficit fiscal en los primeros 9 meses del año se situó en el 6,75 % del PIB y la deuda en el 66,78 % del PIB.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho varias veces que el país necesita hacer ajustes fiscales para evitar una crisis económica, pero esto ocurre a poco menos de dos años de que el Congreso aprobara una polémica reforma tributaria que buscaba paliar el déficit y disminuir el crecimiento de la deuda.
LA APUESTA POR EL FMI Y OTROS RECORTES
Alvarado propuso a la opinión pública en septiembre pasado un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta de dos activos estatales, que tenía como fin estabilizar las finanzas, según el Gobierno
Sin embargo esto desencadenó en un rechazo de la oposición política y en protestas de grupos sociales que se caracterizaron por bloqueos de carreteras durante dos semanas y algunos episodios de violencia, incluido un enfrentamiento entre el la policía y manifestantes en las afueras de la Casa Presidencial.
Un diálogo nacional cada vez más difícil de establecer ha surgido como una opción para buscar soluciones a los problemas fiscales del país, pero esta iniciativa aún no se ha logrado instalar.
Como parte de las acciones de recorte de gasto el Congreso aprobó una ley para no pagar anualidades a los trabajadores del sector público en el 2021 y 2022, y está pronta a comenzar su discusión un proyecto de ley de Empleo Público que reorganiza las escalas salariales y disminuye beneficios, ante la cual los sindicatos ya han anunciado una fuerte oposición.
Organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales han dicho que los problemas fiscales de Costa Rica son de carácter estructural y que es necesario un «pacto fiscal» en la sociedad.
