Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El conflicto que atraviesa Argentina desde hace varios meses debido a las ocupaciones de campos privados se ha visto cruzado en los últimos días con la disputa por la herencia de una tradicional familia argentina de terratenientes, en la cual referentes sociales apoyan a una de las partes.
Se trata de la familia Etchevehere, cuyos miembros han sido protagonistas de la vida social argentina desde el siglo XIX, y que ahora se encuentra enfrentada después de que una de las hermanas, Dolores Etchevehere, participó en la toma de unas tierras que, considera, son suyas y no de sus hermanos, entre los que está el exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Etchevehere.
LA JUSTICIA DEBE DECIDIR
Este miércoles, la Justicia argentina escuchó a las partes y en los próximos días se espera que decida si se debe apelar sobre un fallo que en primera instancia rechazó que se desaloje el campo ocupado, al considerar que los trámites de sucesión no quedaron concluidos.
Los campos, situados en la provincia de Entre Ríos (centro-este), de la cual la familia Etchevehere es originaria, fueron ocupados por miembros del movimiento social que dirige Juan Grabois, referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Grabois se convirtió además en la persona que asesora en materia legal a Dolores Etchevehere, y ambos idearon el denominado «Proyecto Artigas», a través del cual pretenden llevar adelante en los campos ocupados una comunidad rural que tendrá una colonia agroecológica.
A través de la sociedad, Dolores acordó la «cesión del 40 %» de los terrenos que considera que le pertenecen para que se trabaje en la colonia, mientras sus hermanos sostienen que esas tierras les pertenecen a ellos y que su hermana no tiene base jurídica para reclamarlos.
En la página web del Proyecto Artigas, se afirma que a Dolores «le impidieron el acceso a sus derechos hereditarios» y que sus hermanos «la expulsaron de la casa que le correspondía» tras la muerte de su padre.
«Dolores comenzó a investigar las maniobras fraudulentas de sus hermanos en lo que respecta a los bienes heredados, pero encontró todo tipo de defraudaciones a ella, a terceros, y al propio Estado. Lleva once años de investigación y denuncia en la Justicia sin ningún resultado positivo», aseveran.
Según el Proyecto Artigas, las denuncias de Dolores Etchevehere fracasaron porque «no alcanzan para enfrentarse a un entramado de corrupción política, judicial e intereses económicos».
«Acompañamos a Dolores Etchevehere en el ejercicio de sus derechos hereditarios a partir de la posesión pacífica de una parte de sus bienes», recalcan desde el proyecto, al tiempo que indican que buscan «verdad, justicia y reparación».
LUIS ETCHEVEHERE LO CONSIDERA UNA TOMA VIOLENTA
En Twitter, Luis Etchevehere realiza día a día un seguimiento a lo que él considera una «toma violenta» de una propiedad que le pertenece, y asegura que «el Gobierno nacional apoya con funcionarios a Grabois».
«Usurpar una casa es violar. Es meterse violentamente en la intimidad del otro», indicó en un tuit, mientras en otro decía que Argentina está «más cerca de Argenzuela», en referencia a que el país se está convirtiendo en Venezuela.
Después de que la Justicia rechazara la petición de desalojo, escribió que «la Justicia se preocupa por proteger más a los usurpadores de Grabois que a sus legítimos dueños».
«Para algunos vale más la invasión y el relato que las escrituras y la propiedad privada», afirmó, al tiempo que mostró en otros mensajes cómo usurpadores mataron supuestamente a una oveja y dejaron morir a un carnero que había en la finca, además de denunciar que están «mancillando» recuerdos de su fallecido padre.
UNA MIEMBRO DE LA ALTA SOCIEDAD QUE SE ALÍA CON UN RECLAMO DE SECTORES HUMILDES
En su carta de presentación, el Proyecto Artigas se refiere a que «la economía descarta y expulsa de la casa a sus hijos e hijas más vulnerables, negándoles su derecho a la tierra, el techo y el trabajo».
La usurpación de terrenos e inmuebles es un fenómeno histórico en otra provincia argentina, la de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, que en medio de la crisis económica que Argentina arrastra desde hace más de dos años, con crecientes índices de pobreza, vuelve a trepar tras un receso por la cuarentena.
Según los datos que el Ministerio de Seguridad provincial facilitó a Efe, en julio las autoridades tomaron constancia de 115 usurpaciones, una cifra cercana a las 107 de junio y por encima de los 82 de mayo, mientras que en abril, primer mes completo de cuarentena por covid-19, se registró el mínimo anual con 51.
Estas usurpaciones a veces corresponden a un inmueble y otras son tomas de tierras, de mayor o menor tamaño, en las que se erigen campamentos improvisados, como ocurre en la localidad de Guernica, ubicada en la provincia bonarense, a unos 30 kilómetros de la capital, donde en julio comenzó una toma en la que ahora viven unas 3.000 personas.
En un amplio y llano terreno, con apenas vegetación, los pobladores dividieron parcelas con cuerdas o zanjas donde proliferan construcciones improvisadas, de chapa o madera en algunos de los casos aunque en la mayoría están hechas con bolsas de plástico y materiales que encuentran en los alrededores.
Se espera que las personas asentadas en Guernica sean expulsadas de los terrenos en los próximos días, en una polémica decisión que se ha prorrogado durante meses al despertar opiniones contrarias sobre el derecho a la vivienda de aquellos que tomaron tierras y el de los propietarios legítimos de esos terrenos privados.
Este miércoles, el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto con personal de las fuerzas federales, les recordó a los policías que deben respetar «los derechos inclusive de aquellos que violan derechos».
«Somos el Estado, tenemos otra dignidad, otra ética y otra moral», indicó.
