Cancún (México), 10 nov (EFE).- México condenó este martes, de manera unánime, la represión policial a balazos de una marcha feminista en Cancún que acabó con varios heridos, suceso que provocó la dimisión del jefe de la policía municipal y varios miembros imputados, y que despierta los peores fantasmas del abuso policial y la violencia contra las mujeres en el país.
Escenas de policías con armas largas persiguiendo a manifestantes y disparando al aire en Cancún, en el suroriental estado de Quintana Roo, recorrieron la noche del lunes el país, y trajeron recuerdos de las épocas más oscuras de esta nación.
La manifestación, frente al Palacio Municipal de la ciudad, fue convocada en un inicio por la familia de la joven de 20 años Alexis -de nombre oficial Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado- cuyo cuerpo fue hallado la mañana del lunes y sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre.
Minutos después de los hechos, la alcaldesa de la ciudad, Mara Lezama, y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, publicaron en sus redes sociales mensajes en los que aseguraban no haber dado la orden de reprimir.
AUSENCIA DE RESPONSABILIDADES
Este martes, Lezama dio una improvisada conferencia tras una protesta de periodistas que reclamaron su derecho a informar y rechazaron los ataques de la policía, que hirió a varios periodistas que trabajaban en la protesta.
En la conferencia, la alcaldesa habló de varios detenidos, sin concretar una cifra, que fueron liberados durante la noche; se refirió a las investigaciones iniciadas a seis policías y aseguró que van a continuar hasta que se esclarezcan los hechos.
Además, esta mañana, el director de Seguridad Pública de Benito Juárez (municipio cuya cabecera es Cancún), Eduardo Santamaría, fue separado de su cargo mientras que el secretario general del Ayuntamiento, Isaac Janix, dimitió.
Sin embargo, no se ha aclarado de quién es la responsabilidad directa, pues en algunos estados mexicanos -entre ello Quintana Roo- está establecido el Mando Único, que implica que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular es Alberto Capella, controle todas las policías, incluidas las municipales.
Por esto, la alcaldesa echó la culpa al Gobierno estatal mientras que este derivó la responsabilidad al jefe de policía.
La coordinadora del programa de género y profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Tatiana Revilla, cuestionó, en entrevista con Efe, quién dio entonces la instrucción de reprimir con armas de fuego.
Revilla relacionó este tipo de acciones por parte de la policía y el aumento de vulneraciones a los derechos humanos con el clima de militarización en el país, derivado de la creación de la Guardia Nacional (GN) por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
«Ahora tiene mucho peso la GN y se ha demostrado que en los territorios de mayor militarización y más crimen organizado es donde más se violan los derechos humanos de las mujeres y donde hay más violencia contra ellas», relató.
Por su parte, organizaciones internacionales como ONU Mujeres o Amnistía Internacional (AI) condenaron la represión e instaron a las autoridades a llegar al fondo de los hechos.
ONU Mujeres México condenó el «uso de la fuerza» hacia las mujeres manifestantes que pedían «medidas para poner un alto a la violencia feminicida».
Además, exhortó a una «debida investigación» al tiempo que recordó la necesidad de implementar protocolos sensibles al género y de conformidad con leyes nacionales y compromisos internacionales.
Por su parte, AI exigió informar «quién dio la orden del uso excesivo de la fuerza y de armas letales, dar a conocer la corporación policíaca que participó, e investigar y sancionar estas violaciones a derechos humanos».
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México hizo un llamado «a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad».
EN EL LÍMITE DEL HARTAZGO
El hartazgo ante las más de 10 mujeres asesinadas en México a diario según organizaciones civiles, los 724 feminicidios acumulados desde enero a nivel nacional y 9 en Quintana Roo de acuerdo a cifras oficiales parece llegar cada día al límite.
Mientras, la lucha feminista y por los derechos humanos toma más y más fuerza en un país donde aumentan los abusos policiales que parecían haber quedado en el pasado y los índices de violencia hacia las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos y medioambiente siguen en aumento.
El 27 de septiembre, en Ciudad de México centenares de policías rodearon a un grupo de feministas durante la marcha a favor de la legalización del aborto en todo el país y se dieron enfrentamientos que terminaron en golpes e incluso muchas de las presentes aseguraron haber sido rociadas con gas lacrimógeno, algo que las autoridades negaron.
El 4 de mayo, policías en el estado de Jalisco detuvieron violentamente, y presuntamente por no llevar cubrebocas, a Giovanni López, de 30 años, cuya muerte se conoció un mes después al difundirse el vídeo de la detención.
La cifra de impunidad en el caso de feminicidios asciende a 51,4 % y en homicidios dolosos a 89,6 %, de acuerdo a un estudio de la asociación Impunidad Cero publicado este mismo martes.
Para Revilla es imprescindible investigar este caso de abuso policial y garantizar la no repetición.
En cuanto a los lesionados, Cecilia Solís, reportera del Diario de Quintana Roo y del portal Cancún Today, fue dada de alta; Roberto Antonio Becerril, reportero del periódico La Verdad, permanece bajo observación y la tercera herida de bala, identificada como Wendy G.H., fue dada de alta ayer mismo.
