Río de Janeiro, 4 dic (EFE).- Activistas de la organización ambientalista 350.org denunciaron que las áreas de petróleo y gas subastadas este viernes por el Gobierno en la región amazónica de Brasil afectarán a cerca de medio centenar de tierras indígenas asentadas en cercanías de las zonas que serán explotadas.
Brasil recaudó este viernes 56,7 millones de reales (unos 11 millones de dólares) en una subasta que ofertó 19 concesiones para la exploración y producción de petróleo. Entre las áreas adjudicadas, cuatro están localizadas en la Amazonía brasileña.
El líder indígena Ninawa_Inu presidió las protestas que se realizaron en el hotel Sheraton de Río de Janeiro, donde se llevó a cabo la subasta en la mañana de este viernes.
Con carteles que decían «La Amazonía es vida y el petróleo y el gas son muerte» y «Amazonía libre de petróleo y gas», los manifestantes reclamaron por las áreas subastadas en la mayor selva tropical del planeta que según la ONG perjudican a 47 tribus allí asentadas.
De acuerdo con un informe técnico contratado por la ONG, las áreas subastadas en la Amazonía están cerca de 22 unidades de conservación, que podrían ser «potencialmente afectadas» por la explotación de los combustibles fósiles.
El consorcio conformado por Eneva (70 %), filial de la alemana E.ON y la mayor operadora privada de gas natural de Brasil, y Enauta (30 %) se adjudicó tres de las cuatro concesiones ofertadas en la Amazonía, por las que pagó más de 16 millones de reales (unos 3,1 millones de dólares).
La otra concesión, correspondiente a un área con acumulaciones marginales, fue adjudicada exclusivamente a Eneva por 25,7 millones de reales (unos cinco millones de dólares).
De acuerdo con los datos divulgados el lunes por el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 11.088 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2019 y julio de 2020, un área un 9,5 % superior a la del año inmediatamente anterior (10.129 kilómetros cuadrados) y la mayor para el período en los últimos doce años.
Los ambientalistas culpan al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro del aumento de la deforestación en la selva, ocasionada principalmente por la minería y la comercialización maderera.
Organizaciones como Greenpeace y el foro mundial WWF señalan que el aumento de la devastación en la principal selva del planeta se debe a la flexibilización de los controles ambientales promovida por el actual Gobierno.
