La Paz, 10 dic (EFE).- El Parlamento boliviano avanza en el tratamiento de una ley que crea un impuesto a la riqueza, una propuesta electoral del presidente del país, Luis Arce.
Tras una sesión que comenzó el miércoles en la tarde, la norma fue aprobada finalmente esta madrugada en la Cámara de Diputados y ahora será enviada al Senado para su tratamiento, dijo a los medios el presidente de esa entidad, Freddy Mamani.
El tributo, denominado «Impuesto a las Grandes Fortunas» (IGF) se aplicará a quienes tengan un patrimonio mayor al equivalente a unos 4,3 millones de dólares y alcanzará al 0,01 % de la población boliviana, según Mamani.
El impuesto se cobrará una vez al año y se prevé recaudar el equivalente a unos 230 millones de dólares que se destinarán «exclusivamente a temas sociales» que se definirán en la reglamentación de la ley, agregó.
La población boliviana supera los once millones y medio de personas según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró hace unos días que este impuesto llegará a unas 150 personas.
La norma establece que deberán pagarlo los bolivianos residentes dentro y fuera del país y los extranjeros con permanencia por más de 183 días «en forma continua o discontinua» en un periodo de 12 meses.
El tributo se aplicará progresivamente con alícuotas del 1,4, 1,9 y 2,4 %, según el monto del patrimonio.
El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en ambas cámaras parlamentarias.
El presidente Arce resaltó en Twitter la aprobación de la norma junto a otra que establece un reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los trabajadores que ganen como máximo el equivalente a unos 1.294 dólares.
Ambos proyectos de ley están «dirigidos a reactivar la economía» boliviana, aseguró el mandatario.
OBSERVACIONES Y CRÍTICAS
La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, hizo diversas observaciones al proyecto, la más relevante fue la necesidad de poner un límite a la temporalidad de la norma, señaló a los medios el diputado Walter Arizaga.
«No es una ley que no tiene límites en el tiempo, sino que es una ley que tiene vigencia durante el año 2020 y 2021», indicó el parlamentario.
Arizaga agregó que es importante establecer aquello «porque es una ley de emergencia y una emergencia no puede durar toda la vida».
Cuando el proyecto pase al Senado, CC también buscará que se establezca que el dinero recaudado mediante el IGF se destine «exclusivamente a atender las falencias del sistema de salud», teniendo en cuenta que la norma surgió por la emergencia sanitaria.
La senadora Centa Rek, de la alianza opositora Creemos, lamentó por su parte la aprobación de la norma, «no por el número de contribuyentes en los que recae, sino por la señal que se está dando», pues a su juicio el nuevo tributo desincentivará el ahorro y la creación de empleos.
El gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, consideró que «no es la mejor señal crear impuestos» ni incrementarlos en un contexto de recesión como el actual.
Un gravamen a la riqueza se interpreta como «castigar al exitoso, no estimular a generar riqueza que al final del día se traduce en empleos, en bienestar, en mejor calidad de vida para los ciudadanos», lamentó Rodríguez.
Bolivia prevé cerrar el año con un 8,4 % de contracción de su producto interior bruto (PIB), por encima del 6,2 previsto anteriormente aunque menos del 11,1 % adverso alcanzado a mitad de año.
