Brasilia, 10 dic (EFE).- El Senado de Brasil aprobó este jueves el texto base del marco legal para un proyecto de ley que pretende promover una apertura del mercado de gas a las empresas privadas en el país.
Sin embargo, como el texto aprobado sufrió una enmienda, deberá ahora retornar a la Cámara de Diputados para su ratificación final, el último paso antes de que el presidente Jair Bolsonaro decida por su sanción o no.
El proyecto, conocido como «Nueva Ley del Gas», altera las reglas del mercado del hidrocarburo con el propósito de abaratar el precio y romper el monopolio que tiene la estatal Petrobras.
El senador Eduardo Braga, instructor del proyecto, defendió este jueves que la nueva ley «amplía» el mercado, lo torna «más transparente» y evita «monopolios».
Agregó que la ley actual es «excesivamente burocrática», por lo que el nuevo marco volverá el proceso «más ágil».
En septiembre, el primer pasó se había dado en la Cámara de Diputados, cuando el órgano legislativo aprobó el proyecto que propone acabar con el monopolio que tiene la estatal Petrobras en el mercado de hidrocarburos, que fue abolido en 1996 pero en la práctica se mantiene, sobre todo en el sector de gas.
En la ocasión, el llamado «texto base» del proyecto, que establece los marcos generales, fue respaldado por la mayoritaria base parlamentaria de centro y derecha, que aportó 351 votos frente a los 101 en contra emitidos por legisladores del arco progresista.
En la votación de este jueves, el Senado alteró tan solo uno de los puntos del texto original, lo que obliga a que vuelva a ser analizado por la cámara Baja.
La iniciativa ha sido impulsada por el Gobierno de Bolsonaro, quien asumió el poder en enero de 2019 con la promesa de reducir la presencia del Estado en todos los sectores de la economía y abrir espacios para la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera.
El proyecto plantea que las empresas interesadas en instalar y operar gasoductos en Brasil lo puedan hacer con la mera autorización de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) y elimina la actual obligación legal de que esas operaciones sean otorgadas mediante concesión en concurso público.
Según cálculos del Ministerio de Economía, gran impulsor de esta iniciativa, la aprobación del proyecto abrirá las puertas a unas cuantiosas inversiones, ayudará a mejorar la calidad de la matriz energética del país, reducirá el precio interno de los combustibles y podrá generar unos cuatro millones de empleos en una década.
En opinión del ministro de Economía, el liberal Paulo Guedes, el nuevo marco regulador del gas le daría al país un «choque de energía barata» que pudiera ser una de las bases para un futuro crecimiento económico «sustentado», que «relanzaría» a los sectores industriales del país, al dotarlos de una mayor competitividad.