Asunción, 1 feb (EFE).- El canciller paraguayo, Euclides Acevedo, recibió este lunes de manos del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, la documentación técnica sobre el Anexo C del Tratado de la represa de Itaipú, previsto para su renegociación con Brasil en 2023.
La documentación, elaborada a lo largo de 2020 por el Equipo Negociador conformado por Ejecutivo, aborda ese anexo, que establece que cada país recibe el 50 % de la energía, pero debe venderle al otro socio aquella que no utiliza.
La renegociación se dará al cumplirse 50 años de Tratado que rige el funcionamiento y la distribución de la energía generada por la hidroeléctrica compartida por ambos países.
CAUSA NACIONAL
Durante el acto en la sede de Cancillería, Acevedo instó a «abordar con energía patriótica este reto de defender los intereses nacionales y la soberanía energética» para avanzar hacia una «prosperidad compartida».
«Itaipú no es solamente una represa (…), es un pretexto histórico para la refundación de nuestra identidad nacional. Una identidad nacional que necesita imperiosamente el aliento reparador del éxito y del patriotismo».
El ministro añadió ante representantes de los tres Poderes del Estado que se trata de «una causa nacional que debe buscar la recuperación de la dignidad».
Políticos de todas las ideologías y diferentes organizaciones sociales también se refieren a la renegociación del Anexo C como una «causa nacional», ya que los paraguayos confían en que las conversaciones con sus pares brasileños les resulten beneficiosas en términos de ingresos monetarios y de soberanía energética.
Por eso, Acevedo recalcó durante su intervención que el Gobierno deberá hacer «una utilización políticamente inteligente» de los informes entregados por el Gabinete Civil y agradeció el «compromiso activo de quienes dominan el tema».
ENERGÍA E INVERSIÓN EXTRANJERA
La documentación recibida este lunes es el compendio del trabajo de 50 técnicos y expertos designados por el Ejecutivo que preside Mario Abdo Benítez para evaluar las necesidades energéticas de Paraguay de cara a las negociaciones que el país deberá afrontar con Brasil en los próximos años.
En ese sentido, Villamayor subrayó que en el informe no aparece «ninguna página que guarde relación con un interés político» sino «una identificación técnica de la situación en la que se encuentra Paraguay».
La documentación también incluye «las expectativas» de las necesidades de consumo energético que tendrá Paraguay en la próxima década y que deberán exponerse durante la negociación.
A pesar de contar con la represa de Itaipú, Paraguay carece de las infraestructuras necesarias para distribuir la corriente a todo el país y son frecuentes los cortes de luz con la más mínima lluvia.
Además, el Ejecutivo prevé que en el futuro la demanda de energía aumentará, tanto por el propio aumento del consumo por parte de la sociedad como por sus intenciones de captar inversión extranjera que asiente sus industrias en el país.
«Debemos garantizar existencia de energía suficiente para poder mantener las industrias que estamos invitando», recordó Villamayor.
El jefe del Gabinete Civil también pidió evitar «la política de confrontación» con Brasil para ver al país vecino como un socio comercial «en un emprendimiento».
El Gobierno de Abdo Benítez se está esforzando por instalar en la sociedad una percepción de trabajo técnico y científico en el tratamiento de la renegociación del tratado, después de que en su primer año de mandato atravesara su mayor crisis política a causa de un acta secreta con Brasil, de compra-venta de energía de la represa.
Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, logró salvar un proceso parlamentario, aunque ese acta, denunciada como «entreguista» por la oposición, costó el cargo a varios miembros de su Ejecutivo, entre ellos el entonces canciller, Luis Alberto Castiglioni.
La renegociación del Tratado volvió a la palestra política hace unos días, cuando el presidente nombró a Federico González, el antecesor de Acevedo, como director general del lado paraguayo de Itaipú.
Una decisión criticada por la oposición, que identifica a González como parte del equipo que elaboró esa polémica acta secreta.
