México, 2 feb (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México aseguró este martes que la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para limitar las renovables propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es una «expropiación indirecta».
«La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la (pública) Comisión Federal de Electricidad (CFE), electricidad más cara y contaminante», indicó el principal organismo empresarial en un comunicado.
El cambio de marco legal, sostuvieron los empresarios, generará un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad y violará la Constitución.
La reacción llegó después de que este lunes López Obrador enviara al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.
Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional», argumenta el presidente en el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
Según el CCE, la «iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica».
Además, defendieron los empresarios, atenta contra compromisos internacionales tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.
«Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados», alertaron.
La organización empresarial lamentó que la medida presentada al Congreso por López Obrador viola la no retroactividad de la ley, lo que ocasionará un «alto impacto» en las inversiones ya generadas y, por tanto, el Estado deberá indemnizar a esas compañías.
Además, denunció el CCE, la iniciativa «va en contra de lo resuelto por el poder judicial».
Por todos estos motivos, la organización llamó a los legisladores «a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera».
Antes que el CCE, se pronunció el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que aseguró que la aprobación de la iniciativa sería «un retroceso para el sector eléctrico en México».
Mientras, el coordinador en la Cámara de Diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, dijo que esta reforma será una prioridad para los legisladores de su partido.
«Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia», aseguró.
