Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El Gobierno de Argentina y las cuatro mayores entidades de productores rurales del país lograron este miércoles acercar posiciones sobre el impacto que los elevados precios internacionales de los productos agrícolas que exporta el país está teniendo en el mercado de consumo doméstico.
Tras la polémica abierta en los últimos días sobre ese asunto, el presidente argentino, Alberto Fernández, recibió este miércoles a los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
«Se ha establecido una hoja de ruta, que es el diálogo», destacó Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, tras la reunión.
En una entrevista publicada el pasado domingo, Fernández admitió que el país necesita del ingreso de dólares por exportaciones pero advirtió que no puede permitir que los actuales altos precios internacionales de los productos agropecuarios que exporta Argentina se trasladen a los valores de venta de los alimentos en el mercado doméstico.
Y en este sentido sostuvo que el Gobierno sólo tiene dos canales para «resolver el problema»: subir los impuestos a las exportaciones -denominados retenciones en Argentina- o imponer cupos para las exportaciones.
Tras esas declaraciones, las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, que conforman la denominada Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, emitieron un comunicado en el que rechazaron la posibilidad de que se aplique alguna de esas medidas, las cuales, advirtieron, serían «devastadoras para la producción» y desencadenarían «un nuevo conflicto» entre el Gobierno y el campo.
DISTORSIÓN EN LA CADENA
En declaraciones a periodistas, Jorge Chemes, titular de CRA, afirmó que Fernández les aseguró que de momento no se aumentarán los derechos de exportación ni se intervendrá el mercado.
Chemes dijo que acordaron con el Gobierno mantener reuniones periódicas para analizar el funcionamiento de las cadenas de valor en la agroindustria, donde afirman que se produce la distorsión de precios que afecta a los consumidores.
Según las entidades rurales, la participación de los agricultores en el precio final de los productos es «baja», por lo que apuntan a la responsabilidad de otros eslabones de la cadena: la industria, la comercialización, la distribución y también el Estado, a través del cobro de impuestos.
Según datos oficiales, los precios e los alimentos en Argentina aumentaron el 42,1 % en 2020.
ANTECEDENTES
A finales de diciembre pasado, el Gobierno limitó las exportaciones de maíz -Argentina es el tercer exportador mundial de este grano- para garantizar el abastecimiento interno, pero en enero, tras una huelga patronal, levantó las restricciones y recientemente llegó a un acuerdo con los productores de aceite para asegurar la provisión doméstica.
En cuanto a las retenciones, en diciembre de 2019 y marzo de 2020, el Gobierno aumentó los derechos de exportación con vistas a mejorar sus ingresos fiscales en medio de una severa recesión económica.
La alícuota del derecho de exportación pasó así del 24,7 % al 30 %, y luego a un 33 %, para los envíos de soja y derivados (aceite y harina), principales productos de exportación de Argentina y de los cuales el país suramericano está entre los primeros productores y exportadores mundiales.
Pero en octubre pasado, para incentivar la liquidación de cosechas y aumentar los ingresos de divisas por exportaciones, el Gobierno resolvió una bajada temporal de las retenciones que estuvo vigente hasta finales de diciembre último, por lo que la tasa actual es del 33 %.
Otros productos agropecuarios también están alcanzados por retenciones, aunque las alícuotas son menores.
Los impuestos a las exportaciones fueron eje de un severo conflicto entre el sector rural y el Gobierno argentino en 2008, cuando Fernández era jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015).
