Santo Domingo, 27 feb (EFE).- El Gobierno dominicano anunció este sábado que estudia adoptar medidas legales contra el contrato de concesión de una autopista, operada por un consorcio liderado por empresas colombianas, que es considerado abusivo por las autoridades del país caribeño.
El contrato se refiere a la autopista que une Santo Domingo y la provincia de Samaná (noreste) y tiene una cláusula polémica que obliga al Gobierno dominicano a garantizar unos ingresos mínimos a la concesionaria.
El consorcio está integrado por las empresas colombianas Grupo Odinsa, Grodco e Ingenieros Civiles, y la dominicana Consorcio Remix.
La cláusula ha obligado al Gobierno dominicano a pagar a la concesionaria 26.835 millones de pesos (unos 462 millones de dólares) desde el inicio del contrato, en 2008, hasta la fecha, según dijo el presidente Luis Abinader este sábado en un discurso ante la Asamblea Nacional.
Este valor pagado representa «casi el doble» del costo original de la obra, y de seguir esta modalidad, al concluir el contrato, de 30 años de duración, se podría llegar a haber pagado «casi seis veces su verdadero valor».
«Esto es sencillamente inaceptable», subrayó el mandatario en su discurso, que recibió un caluroso aplauso por parte de los legisladores.
La construcción de la carretera de 106 kilómetros, que une Santo Domingo y Samaná, fue adjudicada en 2001 al consorcio colombo-dominicano e inició su operación en junio de 2008.
La obra vial no ha logrado hasta ahora el flujo de vehículos esperado antes de su construcción, en parte debido al alto coste de los peajes, por lo que el Gobierno se ve obligado a compensar a la empresa.
La cláusula que obliga a compensar a la operadora se conoce en República Dominicana como el «peaje sombra» y ha causado polémica desde hace años en el país.
A pesar de la controversia, el Gobierno del presidente Danilo Medina (2012-2020) dijo que no podía revisar el contrato, alegando que se lo impedía la ley que regula las concesiones privadas.
