Ciudad de México, 9 mar (EFE).- La nueva Ley de la Industria Eléctrica de México «inhibirá» las inversiones en el sector energético y en el conjunto del país, aseguró este martes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.
«Una iniciativa como la que se está proponiendo inhibirá la posibilidad y el crecimiento de estas inversiones», consideró Salazar en un foro virtual organizado por su misma cúpula empresarial.
El presidente del CCE recordó la caída del 8,2 % del producto interno bruto (PIB) mexicano en 2020 y enfatizó la contracción de «la inversión total, privada y pública del 18 %» en ese mismo año.
«En los últimos dos años la inversión total de nuestro país ha disminuido en un 30 %», lamentó, tras asegurar que en el sector eléctrico «se ha invertido muchísimo dinero tanto de extranjeros como de nacionales».
Salazar explicó que «la inversión trae crecimiento, empleos, ingresos y mejores salarios para los mexicanos», ahora en entredicho por «la incertidumbre» que la ley «provocará a las inversiones futuras» en México.
La reforma, pendiente solo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.
Pese a las adversidades que traerá la nueva ley, el presidente del CCE reafirmó su voluntad de «seguir promoviendo la inversión y el crecimiento de los sectores estratégicos», además de desear tener una CFE productiva sin perjuicio a las empresas privadas.
«Queremos una CFE fuerte, sana, que crezca, que pueda invertir en sectores donde tenga mayor rendimiento y que le ofrezca a todos los mexicanos la luz más barata, siempre con el suficiente abastecimiento. Que no tengamos apagones y que de alguna manera todos sigamos estando orgullosos del trabajo que hace la CFE», manifestó.
Salazar aceptó que la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica vendrá seguida de una batalla legal, aunque aclaró que esos recursos «los hacen afectados directos», no asociaciones empresariales o partidos políticos de la oposición.
