Caracas, 13 abr (EFE).- La oposición venezolana aprobó este martes el gasto de 10,1 millones de dólares para pagar las deudas con las firmas de abogados que litigan en el mundo, dedicadas a «recuperar activos» en el exterior, y evitar así que los gestione el Gobierno de Nicolás Maduro, no reconocido en algunos países.
Esos 10,1 millones estarán «destinados al pago de las deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado» a la oposición «en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano», indica un comunicado de los antichavistas.
El acuerdo fue aprobado por una comisión en la que solo hay representantes del sector opositor que lidera Juan Guaidó, quien rechazó los resultados de las últimas elecciones en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los asientos en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y por tanto negó la legitimidad de la Cámara que comenzó su mandato el pasado 5 de enero.
En paralelo, nombró una comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 10 % del pleno, integrada por miembros de la anterior AN, de mayoría opositora, y de la que se desmarcaron varios exdiputados.
Esa comisión es la que aprobó que Guaidó solicite recursos a la administración ad hoc, nombrada por él mismo, del Banco Central de Venezuela (BCV).
La semana pasada, la oposición también dio luz verde a un acuerdo por el que ampliaron en 3,7 millones de dólares el llamado fondo especial de litigios «para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales» en el juicio para determinar el control de las reservas de oro del país en el Banco de Inglaterra.
Ese caso es el más ambicioso hasta la fecha de todos los emprendidos por Guaidó, y, en él, la Justicia británica dirime si la Administración del presidente Nicolás Maduro o la del opositor tienen acceso al oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra.
En julio del año pasado, el Parlamento de Venezuela, entonces de mayoría opositora y cuyo mandato terminó el 5 de enero de 2021, aprobó una ley para regular los recursos que el país tiene en el extranjero bloqueados, debido a las sanciones que pesan sobre el Gobierno y que se agrupan en un fondo especial que -aseguró la oposición- servirá para la «liberación» de la nación caribeña.
