Lima, 21 abr (EFE).- La joven Gladys Obregón vive desde hace una semana entre varas de madera, esteras, cartones y lonas de plástico, en una tienda rudimentaria que construyó en un terreno baldío del humilde distrito limeño de Villa El Salvador.
Desde entonces, día y noche cuida el pedazo de tierra que invadió ilegalmente del cerro Lomo de Corvina, propiedad de una empresa minera, donde centenas de familias se instalaron durante la última semana en una suerte de campamento improvisado, empujadas por la necesidad de tener un hogar.
«El primer día dormimos en un hueco en la arena, el tercer día comenzamos a hacer palitos», relata a Efe Gladys, de 23 años, mientras amamanta a su hija, de un año de edad, al lado de la diminuta carpa que ahora también comparte con su hermana y su sobrino.
Como esta joven, muchos ocupantes son vendedores ambulantes que vieron como la pandemia azotaba sin piedad sus frágiles economías, engullía sus pocos (o inexistentes) ahorros y los arrojaba de sus cuartos de alquiler.
«Solo queremos un lugar donde vivir», repiten los invasores, quienes niegan que esta movilización esté vinculada al tráfico de terrenos, que en Perú es el segundo delito, después del narcotráfico y junto con la trata de personas y minería ilegal, que genera mayores ganancias a organizaciones criminales.
«¿DÓNDE VAMOS A IR?»
La ocupación del Lomo de Corvina empezó la madrugada del 12 de abril, en el marco de las masivas invasiones que se registraron en Lima en las últimas semanas, como la del Morro Solar del distrito de Chorrillos, donde llegaron más de 5.000 personas, según medios locales, y permanecieron por poco más de diez días, hasta que fueron desalojados por la policía.
Desde que llegaron las primeras familias en este arenoso y empinado terreno de Villa El Salvador, las autoridades exhortaron a los invasores a retirarse de forma pacífica. El problema es que, para muchos, parece no haber alternativa.
«¿Dónde vamos a ir? Si nos botan, ahí estaremos, en la calle», reconoce a Efe Celestina Landia Durán, de 38 años y madre soltera de tres hijos.
La familia de esta mujer hace días que sobrevive a base pan y agua. Otros, con más suerte, comen de las ollas comunes que improvisan algunos de los ocupantes, quienes se organizan en pequeños grupos para cocinar, encender fogatas y protegerse de la humedad del otoño limeño.
«Preferimos mil veces retirarnos en paz, pero que nos reubiquen, que nos den una solución», imploró Gladys, quien espetó que el Estado en Perú «no brinda fácilmente un techo».
GRAN DÉFICIT DE VIVIENDAS
En este sentido, el sociólogo Javier Díaz-Albertini lamentó a Efe la falta de inversión pública en programas de vivienda social, sobre todo destinados a los sectores más pobres del país.
Para el también profesor de la Universidad de Lima, las masivas movilizaciones de las últimas semanas en la capital peruana responden, en parte, al ingrediente de la pandemia y la coyuntura electoral, pero hay, sin duda, «una parte estructural».
«Es así como el sector de menores ingresos en el Perú consigue vivienda desde los años 1940. Es una política no escrita del Estado peruano», precisó el sociólogo, quien sostuvo que la única solución a largo plazo pasa por un ordenamiento territorial que establezca de forma clara «qué se va a hacer en cada sitio de la ciudad y que la gente lo respete».
Según datos oficiales, el Perú tiene un déficit de casi dos millones de viviendas, lo que explicaría que el país ocupe el segundo lugar en América Latina en los niveles de expansión de terrenos ocupados de manera informal, solo superado por Cuba, según revela un informe del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).
Este estudio indica que las 43 ciudades más grandes del país expandieron en un 47 % su suelo urbano entre los años 2001 y 2018 y que el 47 % de las ocupaciones fueron ilegales, el 46 % particiones informales y apenas un 6 % correspondieron a urbanizaciones formales. Apenas el 1 % fue para proyectos de vivienda social.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
En el afán de revertir la dinámica de las últimas décadas, en donde el 93 % de la crecimiento de las ciudades del país ha sido informal, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, presentó esta semana ante una comisión parlamentaria el anteproyecto de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que tiene como objetivo legislar sobre la planificación, el uso y la gestión del suelo urbano.
La propuesta llega apenas siete meses después de que el Congreso aprobara una polémica norma que amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización.
En su momento, varias entidades ya advirtieron que la nueva ley fortalecía la ocupación ilegal y favorecía a los traficantes de tierras.
Una de las organizaciones más críticas fue la Red de Lomas del Perú, cuyo presidente, Asencio Vásquez González, reiteró a Efe que el problema de fondo es la falta de políticas de vivienda social e insistió en que la nueva ley «da formalidad a lo informal» y «beneficia a los que se dedican a la especulación del suelo».
