La Paz, 27 may (EFE).- El decrecimiento de la producción en los campos de gas y los escasos resultados en las tareas de exploración han hecho de que emerja la posibilidad de que Bolivia cambie su ley de hidrocarburos, como medida para propiciar incentivos y atraer inversión extranjera.
La alternativa la planteó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, en una comparecencia reciente ante el Senado con motivo de la modificación de un contrato de exploración en una región boliviana en la que expuso la situación de las reservas de gas y de la necesidad de una crítica propia.
La ley vigente hace dieciséis años impuso un incremento impositivo a las empresas petroleras, como el que fijó de 18 a 50 por ciento la regalía por la explotación de recursos, y expandió la presencia del Estado en la cadena de producción de hidrocarburos.
UNA DECLARACIÓN QUE SORPRENDE
«No tenemos incremento de las reservas (de gas), esto nos lleva a repensar todo el marco normativo», «los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas», declaró Molina ante el plenario de la Cámara Alta el pasado lunes.
Ante esto, el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo a Efe que «hay que felicitar» al ministro por reconocer esa necesidad ya que es necesaria una ley «para captar inversión y tecnología».
En la misma línea, el experto en estos temas Álvaro Ríos, que fue secretario ejecutivo de Organización Latinoamericana de Energía (Olade), manifestó a Efe que «es muy necesario» hacer algunas reformas «en el mediano y el largo plazo» ante el riesgo de que Bolivia en unos años se convierta en importador hidrocarburos como el gas.
BASES PARA UN NUEVO MARCO LEGAL
Para Ríos, el nuevo marco legal tendría que revisar aspectos como el régimen de impuestos y regalías, el modelo de sociedad anónima mixta que «no es atractivo para inversiones» o el rol de YPFB que es socio y a la vez fiscalizador de su contraparte.
A esto se suma que Bolivia tiene que «ir a competir» por nuevos capitales en un contexto global que está en «transición energética» y con menos empresas dispuestas a invertir en hidrocarburos.
A su turno, Rodríguez precisó que un nuevo escenario legal debe «garantizar la seguridad jurídica» y además «equiparar y superar» los incentivos que ofrecen otros países que ya cambiaron su perfil energético.
UN FUTURO CON INCERTIDUMBRE
Para el gerente del IBCE «el problema es la declinación de la exportación de hidrocarburos» que se actualmente solo representa la tercera parte de los 6.113 millones de ingreso que percibió Bolivia en 2013, cuando llegaron «a su mejor nivel».
A esto se suma la «tendencia a subir» de las importaciones de combustibles como el diesel y la gasolina «por la menor producción nacional y el incremento del consumo local», remarcó Rodríguez.
En esa línea, Ríos estimó que lo que antes era un superávit de exportación de hidrocarburos puede que en 2024 o en 2025 se convierta en un emparejamiento de las exportaciones e importaciones principalmente por la «declinación» de la producción de los principales campos bolivianos.
Este experto recalcó que a la par de un nuevo marco normativo es necesario «un sistema que incentive masivamente la exploración» de hidrocarburos y que se diferencie drásticamente con forma en la que actualmente se han hecho las cosas.
«No hemos explorado lo suficiente» y lo que el país necesita es que anualmente se explore una veintena de pozos de los que dos o tres resulten positivos en sus hallazgos, remarcó.
Un informe de certificación determinó en agosto de 2018 que Bolivia contaba con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural que se calculó tengan una duración de 14,7 años.
El fin de semana pasado, el Gobierno del país anunció la perforación de un pozo en el departamento de Chuquisaca para hallar 2,6 de TCF y cuyos resultados se conocerán en unos 300 días.
