Miami, 31 may (EFE).- Una multinacional suiza de materiales de construcción y los herederos de una familia cubana a la que le fueron confiscados bienes en la isla tras la revolución de 1959 llegaron al primer acuerdo de indemnización bajo una ley de EE.UU. que permite desde 2019 demandas a terceros que usufructúen ese tipo de propiedades.
Se trata de la primera resolución de una demanda judicial bajo el llamado Título III de la Ley Helms Burton de 1996 o Ley Libertad, que fue activado por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
La multinacional LafargeHolcim aceptó resolver el caso pagando una indemnización, de la cual no se informó el monto, con la familia Clafin, que la había demandado en una corte del sur de Florida en octubre de 2020 por hacer negocios utilizando bienes que les expropiaron en la isla.
La jueza Aileen M. Cannon otorgó plazo hasta el próximo 28 de junio para que ambas partes presenten al tribunal el acuerdo, de lo contrario LafargeHolcim deberá tener una respuesta a la demanda antes del 12 de julio, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
Por lo menos 37 demandas contra empresas, especialmente turísticas, muchas de ellas compañías hoteleras españolas, han sido interpuestas en cortes de Estados Unidos, la mayoría de ellas en Florida, desde que se activó el Título III, según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba.
«Se trata de una victoria para la libertad, para los derechos de propiedad, y debería servir como elemento disuasorio para todos los que están contemplando entrar o mantener una relación de complicidad con una dictadura brutal», expresó sobre el acuerdo Julio M. Shiling, director de la organización Patria de Martí, con sede en Miami.
Shiling precisó que la suiza invirtió en 2000 en la planta de cemento de los demandantes, que fue rebautizada tras la revolución como Carlos Marx.
UNAS 6.000 DEMANDAS CERTIFICADAS
Según el Consejo Comercial y Económico cubano-estadounidense, la querella es una de las de mayor valor entre más de 5.900 demandas de este tipo que están certificadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Detalló que el reclamo original es por más de 7,5 millones de dólares y que, según los criterios de adjudicación del Título III, el acuerdo podría triplicar los daños, a lo que habría que agregarle intereses anuales y costo de abogados, lo que superaría los 140 millones de dólares.
Shiling señaló, que según los abogados de los demandantes, LafargeHolcim se aventuró en el negocio en 2000 pese a la advertencia de no hacerlo por especialistas legales en Estados Unidos.
Subraya que la suiza fue alertada de que invertir en la planta de cemento sin obtener la autorización de las personas titulares de las reclamaciones certificadas le haría incurrir en responsabilidad bajo la Ley Helms-Burton.
Detalla que en 1960 el régimen decomisó a la familia cubana la entonces llamada «Compañía Azucarera Soledad», una sociedad anónima se dedicaba al negocio del azúcar, así como a la ganadería y a la producción de leche en la provincia de Las Villas.
Según el texto de la demanda, la familia expropiada pidió una indemnización sobre dicha propiedad por 270 millones de dólares, más la triplicación que ofrece la ley y los intereses.
Según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero además, detalla, que hay otros muchos más reclamos «no certificados» que se podrían demandar.
Entre las 37 demandas actuales, 12 son certificadas, como la de la familia Clafin y 25 no lo son, y en total impactan a 15 países, en su mayoría europeos.
