Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- Un movimiento ambientalista de Panamá entregó este jueves al Parlamento un proyecto de ley de moratoria de la minería metálica, cuya aprobación fue definida como la única vía para garantizar la salud y la protección del medioambiente en el país centroamericano.
Representantes de un centenar de organizaciones ambientalistas, de indígenas y de campesinos, acusaron al Gobierno de estar impulsando esta actividad extractiva promoviendo «falsamente» que puede ser «sostenible» y un motor formidable para la recuperación económica tras la debacle causada por la pandemia.
«El discurso de la minería sostenible lo hemos escuchado antes, en los ’90 (del siglo pasado). Y vinieron los proyectos y no le dejaron al país más que pobreza y pasivos ambientales y sociales. ¿Ese es el modelo con el que vamos a rescatar la economía de nuestro país? Las comunidades aquí reunidas dicen ‘no'».
Así lo declaró la gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Joana Ábrego, que explicó que el proyecto de ley entregado en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «establece una moratoria por tiempo indefinido a todas las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos» en el país.
La aprobación del proyecto de ley «es la única forma de que sea efectivo nuestro derecho a la salud, de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación», afirmó la dirigente ambientalista.
Es por ello que es «fundamental que los diputados tomen cartas en esta política que impulsa» el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) para expandir esta actividad» y se le ponga «un alto».
Así lo han hecho ya «Costa Rica, El Salvador y tantos otros países, que han dicho ‘no’ a la minería porque no es compatible con nuestro desarrollo sostenible. Que Panamá también lo diga claro», agregó.
El MICI impulsa un diálogo para el sector minero que ambientalistas consideran excluyente y bufo, ya que en medio del mismo se han abiertos más hectáreas a concesiones mineras, aun a sabiendas de que la legislación local es «débil e incapaz» de lidiar con todo lo que conlleva una actividad extractiva.
«Hay un falso diálogo (..) no han sido convocadas las comunidades, solo a los que están a favor de la minería», aseguró la activista.
Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos, pidió al Gobierno y al Parlamento que «se escuche a la población», que está «en contra de la explotación minera» en las comarcas indígenas y en el país.
«Solicitamos el apoyo de toda la sociedad en esta lucha, que es por la salud, que es un derecho. Solo teniendo una ley nacional que garantice la no explotación minera estaremos devolviendo la tranquilidad al pueblo», afirmó el líder aborigen.
Montezuma recalcó que «siempre se han vendido falsas bondades» sobre la minería, y que son las comunidades más vulnerables las que pagan más caro que terminan contaminadas sus tierras, bosques y aguas.
«Estamos bien informados de que ninguna minería a nivel del mundo es sostenible para las comunidades más vulnerables, porque todas las áreas de concesión están en zonas indígenas o campesinas y los problemas que conlleva, la afectación del medioambiente, no la sufren en los lugares donde residen los empresarios», añadió.
