Buenos Aires, 16 sep (EFE).- Argentina redujo muy levemente en el segundo trimestre del año su deuda externa pública y privada, que continúa en niveles elevados, mientras se dilatan las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares otorgado por el organismo en 2018.
Según un informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la deuda externa bruta con títulos de deuda a valor nominal de Argentina, que contabiliza los pasivos externos públicos y privados del país, se situó a finales de junio del 2021 en 269.158 millones de dólares.
Eso supuso que el «stock» de deuda bajó 350 millones de dólares, un descenso del 0,13 % en relación al primer trimestre del año.
Con todo, el «stock» de deuda externa bruta total de Argentina pero medido a valor de mercado ascendía al finalizar el segundo trimestre a 218.862 millones de dólares, lo que implicó un aumento interanual del 1,86 % (4.226 millones de dólares más en un año).
DEUDA EN NIVELES ELEVADOS
Del total de la deuda externa de Argentina a valor nominal, 163.945 millones de dólares corresponden a pasivos del Gobierno.
De ese monto, 76.452 millones de dólares son préstamos obtenidos y el resto títulos de deuda emitidos por un valor nominal de 87.493 millones, pero con una valuación de mercado notablemente inferior: 39.459 millones de dólares.
Pese al acuerdo alcanzado con acreedores privados en agosto del 2020 para la reestructuración de títulos bajo legislación extranjera por valor de 63.375 millones de dólares, el nivel de desconfianza de los inversores mantiene al país suramericano alejado de los mercados internacionales, donde, para colocar nueva deuda, debería pagar altísimas tasas de interés.
Sin acceso a esa financiación en los mercados internacionales y en un contexto complejo de crisis económica agravada por la pandemia de covid-19, el Gobierno de Alberto Fernández ha optado desde 2020 por las colocaciones de deuda en pesos en el mercado doméstico.
Asimismo, Argentina completó el pasado 28 de julio pagos por 226 millones de dólares al Club de París, como parte del acuerdo logrado en junio para evitar que el país suramericano cayese en cese de pagos con el grupo de 22 países acreedores.
Según ese entendimiento, Argentina diferirá el pago de la deuda de unos 2.400 millones de dólares con estos países hasta alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación con el Club de París o bien hasta el 31 de mayo de 2022, lo que ocurra primero.
De acuerdo a datos provisionales del Ministerio de Economía de Argentina, la deuda total -externa y local- de la Administración nacional totalizaba a finales de agosto pasado 345.851 millones de dólares.
NEGOCIACIONES EN CURSO CON EL FMI
Tras concretar esos acuerdos con los acreedores privados y con el Club de París, Argentina ahora necesita cerrar un pacto con el FMI, ya que asegura no tener recursos suficientes para afrontar los pesados compromisos de pago asumidos con el organismo en 2018.
Según aquel acuerdo, el país suramericano debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024.
El Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y un plazo de pago de como mínimo 10 años.
En ese sentido, el Ejecutivo nacional presentó los detalles del proyecto de Presupuesto 2022, diseñado bajo la premisa de que el país suramericano alcanzará un acuerdo con el FMI y, por tanto, no tendrá que afrontar el próximo año los vencimientos de deuda por 19.020 millones de dólares.
«Presentamos el Presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos. Pero la realidad es que eso exige seguir adelante con el Fondo», dijo este miércoles el presidente, Alberto Fernández, en un acto junto al ministro de Economía, Martín Guzmán.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, Fernández reconoció que se abriría un escenario en que se verían afectados la obra pública, el gasto estatal en educación, salud, ciencia y tecnología y el crédito para el sector productivo.
