Tegucigalpa, 23 sep (EFE).- La minería tiene un «impacto nocivo» en Honduras, donde en ocasiones suele «degradar» el tejido social en las comunidades y causar conflictos violentos, por lo que el Estado debe dictar una moratoria de esta actividad.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado) publicó «Territorios en Riesgo», un estudio en el que expone que la actividad minera puede tener un «impacto nocivo» al desbloquear la tierra y los recursos a través de la construcción de infraestructura, remover grandes cantidades de suelo y piedra.
Las actividades mineras también suelen «degradar el tejido social en las comunidades cercanas y causar conflictos que frecuentemente se vuelven violentos», señala el Fosdeh.
Emma Velásquez, una investigadora del Fosdeh, dijo este jueves a Efe que la minería tiene también un «impacto ambiental» por la contaminación de suelos y aguas con químicos como el cianuro o ácido sulfúrico.
Señaló que el impacto «grave» que tiene esta actividad en la salud de las personas y la biodiversidad del país centroamericano, donde hay 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas.
«El Estado de Honduras debe parar y hacer una moratoria minera, y revisar todos los proyectos, para ver cómo efectivamente se reduce donde es necesario, no podemos decir que todos los proyectos», subrayó la investigadora.
Agregó que los proyectos de minería en sí no generan conflictividad, pero sí la forma en que son ejecutados, pues son «el caldo perfecto para acumular energías confrontativas que terminan en fuertes conflictos».
Los conflictos implican «pérdidas financieras y humanas, criminalización, estigmatización de defensores, esto está a la orden del día en el país», señaló Velásquez.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
El estudio destaca que los incentivos otorgados por el Gobierno han funcionado para atraer empresas, pero el aporte de la minería a las economías locales «ha sido mínimo».
La Ley General de Minería, aprobada en 2013, señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios, añade.
El número de concesiones mineras en áreas protegidas disminuyó de 57 en 2018 a 42 en 2021 debido a la depuración del catastro minero, señala el documento.
«La persistencia de superposiciones representan una debilidad institucional en la protección de las fuentes de agua, por lo que el Gobierno debería eliminar toda posibilidad de realizar cualquier actividad minera sobre las microcuencas que abastecen los sistemas de agua potable», destaca.
ESTRATEGIA HA FRACASADO
Los incentivos otorgados a las actividades mineras no contribuyen al desarrollo de Honduras, pues su aporte al producto interno bruto (PIB) «es mínima» y su contribución a la generación de empleo es menos del 1 %, señaló la experta del Fosdeh.
«La estrategia de privilegio fiscal como un estímulo para la inversión no es favorable para el país (…) eso no está dando resultado porque la inversión extranjera está disminuyendo, el estímulo fiscal se convierte hoy por hoy en una deuda importante del Estado de Honduras», explicó.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), citados en el informe, en el período 2017-2019 la minería aportó entre el 0,15 % y el 0,34 % de los empleos en Honduras, donde el 7 % de los trabajadores en esta actividad son mujeres.
El Fosdeh recomienda asegurar que todos los proyectos cumplan con la normativa nacional e internacional, respeten el derecho de las comunidades rurales y los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informada.
Insta a las autoridades a «suspender y prohibir» los proyectos en las microcuencas y áreas protegidas, para proteger los derechos ambientales y que el Estado garantice que las empresas realicen la «reparación del daño y aseguren su no repetición».
