Río de Janeiro, 23 sep (EFE).- Organizaciones ecologistas levantaron este jueves su voz de protesta ante un proyecto del Gobierno de Jair Bolsonaro que busca reducir costos para «transformar la productividad y competitividad del país» a costa del medioambiente en Brasil.
El proyecto, liderado por el Ministerio de Economía y que pretende eliminar normas reguladoras del sector y facilitar la expedición de licencias ambientales, fue duramente criticado por reconocidas ONG como Greenpeace, WWF y SOS Mata Atlántica, que unieron sus voces en un comunicado divulgado hoy por el Observatorio del Clima.
Entre las medidas propuestas está el licenciamiento ambiental por vencimiento de tiempo, la eliminación de permisos para uso de residuos mineros y la aplicación de una serie de incentivos para que Brasil se convierta en «un polo productor de agroquímicos».
«El gobierno afirma que estas son demandas respaldadas por el Movimiento Brasil Competitivo, que tiene representantes de empresas como Amazon, Microsoft y Google en su directorio. El gobierno y la iniciativa privada deben explicaciones de este absurdo», señaló Marcio Astrini, Secretario Ejecutivo del Observatorio del Clima.
La eliminación de las normas exigidas para la supresión de vegetación nativa en la «Mata Atlántica» (Bosque Atlántico), también está dentro de las propuestas planteadas.
Este bioma de más de 20 millones de hectáreas es uno de los ecosistemas más explotados y devastados por la acción humana en el gigante suramericano. Se estima que solo el 12 % de su vegetación nativa está preservada.
«El Ministerio de Economía propone un ecocidio en Brasil con este ataque a la Mata Atlántica. Al contrario de lo que el mundo busca para enfrentar la emergencia climática, de lo que necesitamos para minimizar la crisis hídrica y energética, el proyecto de reducción de costo Brasil es la mayor amenaza para la sostenibilidad del país», aseguró Malu Ribeiro, directora de políticas públicas de SOS Mata Atlántica.
El proyecto «Reducción de Costos Brasil» busca «eliminar las dificultades estructurales, burocráticas, laborales y económicas que aumentan el costo de hacer negocios en el país, comprometiendo inversiones y elevando los precios de los productos nacionales».
Desde que Bolsonaro llegó al poder, el 1 de enero de 2019, su Gobierno se ha caracterizado por impulsar una política antiambientalista, con una fiscalización ambiental relajada, en busca de progreso.
Durante la gestión del líder ultraderechista, la deforestación y los incendios han aumentado y devastado a varios de biomas del país.
Las llamas sin control que devastaron parte de la Amazonía en 2019, le dieron la vuelta al mundo y el año pasado, el fuego acabó el 26 % del Pantanal, el más extenso humedal del planeta, que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay.
Datos oficiales señalan que solo en 2020, la Amazonía brasileña perdió unos 10.300 kilómetros cuadrados de selva por la deforestación. Ese mismo año registró 103.161 focos de incendio.
«El actual gobierno ve la preservación ambiental como un obstáculo para el desarrollo económico, una visión que luce como hace un siglo y está en desacuerdo con el resto del mundo, que ya ha entendido que sin un medio ambiente preservado no hay futuro posible para la humanidad», dijo con relación al proyecto Thaís Bannwart, portavoz de políticas públicas de Greenpeace Brasil.
