Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La American Chamber of Commerce (AmCham) de México expresó este jueves en un comunicado «preocupación» por los efectos que podría tener la reforma constitucional al sector energético que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió hace dos semanas al Congreso para limitar la participación de los privados.
«De ser aprobada, afectaría a las familias e industria mexicanas por sus repercusiones medioambientales, económicas y de cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)», consideraron en el documento.
Según su análisis, en medio de la reactivación económica nacional y regional en la que México y Estados Unidos están realizando esfuerzos conjuntos, esta reforma constitucional afectará negativamente.
En primer lugar, «el clima de confianza y certidumbre necesaria para la recuperación», ya que no plantea, dijeron, respetar los esquemas regulatorios y contractuales con los que se realizaron inversiones a largo plazo.
En segundo lugar, opinaron, «contraviene los compromisos establecidos por México en el T-MEC», ya que eliminaría los órganos reguladores coordinados en materia energética y el mercado eléctrico mayorista, además de que impondría cuotas de mercado y cancelaría contratos privados, aseguraron.
También expresaron que «reducirá la diversidad de opciones de suministro eléctrico, lo que genera riesgos de desabasto y podría aumentar el costo final de energía en los hogares mexicanos».
Asimismo, narraron que México perdería la «oportunidad» de ser una economía competitiva y, por último, trasladaría la transición energética «hacia un generador único».
Este único generador sería la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que «tiene capacidades limitadas de generación limpia, impidiendo que México logre sus compromisos internacionales».
Por lo anterior, AmCham hizo en el comunicado «un atento llamado» a los legisladores que discutirán la propuesta de reforma constitucional para que «antepongan» la economía de los mexicanos, la competitividad de la industria y el respeto al derecho humano a un medioambiente sano y a la salud.
«En AmCham estamos convencidos de que la mejor forma de fortalecer la seguridad energética y competitividad del país es a través de la participación complementaria de diferentes empresas de los sectores público y privado que, en un ambiente de libre concurrencia y reglas estables, compitan para ofrecer energía limpia, confiable, resiliente y a precios asequibles a los hogares y empresas mexicanas», terminaron.
La reforma constitucional es la primera que envía López Obrador tras las elecciones intermedias de este año, en las que su alianza de partidos conservó la mayoría absoluta, pero perdió la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara Baja necesaria para modificar la Constitución.
Desde que asumió el poder en 2018, el mandatario se ha opuesto a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla encallaron en algunos tribunales.
Por eso, envió a finales de septiembre al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la empresa estatal CFE domine el mercado de generación en el país, lo que ha generado la oposición frontal de las patronales.
Mientras que el presidente ha justificado la reforma por «el vil saqueo» del sector eléctrico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha advertido de que «destruiría al mercado» y desataría paneles internacionales porque hay 44.000 millones de dólares de inversión privada en riesgo.
