Ciudad de México, 21 oct (EFE).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2022.
«Con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, fue avalado el dictamen en lo particular y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales», detalló la Cámara Baja en un boletín.
El monto a captar se estima en 7,08 billones de pesos (unos 350.840 millones de dólares), apuntó la Cámara de Diputados, que ya envió la ley al Senado para su ratificación.
La reserva de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (del oficialista Movimiento Regeneración Nacional) que se aceptó incluye un artículo transitorio para que las entidades y municipios, a más tardar el 31 de diciembre de 2022, informen a la Tesorería de la Federación sobre los depósitos de recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
«Incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado», apuntó el texto.
La aprobación de la Ley de Ingresos se dio tras largas jornadas en la Cámara de Diputados en las que, entre otros puntos, se aprobó la Miscelánea Fiscal para el próximo año, que este año ha sido una discusión muy polémica.
En la noche del miércoles y tras tres días de discusiones, en las que incluso hubo peleas entre legisladores, los diputados mexicanos aprobaron la Miscelánea Fiscal del presupuesto federal de 2022 que, entre otros puntos, establece un registro fiscal obligatorio para jóvenes mayores de 18 años y limita la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales.
El próximo paso para aprobar el paquete económico de 2022 será la discusión del gasto público, es decir, la Ley de Egresos, cuya fecha límite de ratificación es el 15 de noviembre y sobre la que la Cámara de Diputados tiene competencia exclusiva, por lo que no irá al Senado.
El Gobierno mexicano presentó el pasado septiembre un proyecto de presupuesto público para 2022 con indicadores más optimistas a los esperados, basado en un aumento de 4,1 % del producto interno bruto (PIB) y sin aumentos fiscales, aunque con la promesa de mantener la «austeridad y prudencia».
