Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunció este jueves que junto a entes civiles demandará por «inconstitucionalidad» ante el Supremo del país una cuestionada reforma a la ley electoral que favorece «intereses político-partidistas» y no el avance del sistema democrático.
El Parlamento de Panamá, de mayoría oficialista, aprobó la semana pasada el proyecto de Ley 544 que reforma el Código Electoral, pero con cambios al proyecto original que había sido consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), un ente que reúne a los partidos, gremios y entes de la sociedad civil.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, vetó solo un artículo de la norma aprobada por el Parlamento), referido a una amnistía por no presentar los informes de ingresos y egresos de la campaña, lo que ha sido interpretado como un espaldarazo a los diputados que dejaron fuera de la reforma temas neurálgicos como el sistema de asignación de curules, el fuero electoral y la paridad de género.
El pleno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) informó este miércoles que avaló en tercer y último debate «eliminar el artículo 227 relacionado con una amnistía para el pago de multas impuestas por el Tribunal Electoral», y ahora la «iniciativa pasará a las manos» de Cortizo para su sanción y publicación en la gaceta oficial, con lo que entrará en vigor.
«El gremio lamenta que una vez más los principales tomadores de decisiones del país desoigan la voluntad expresa de los ciudadanos de contar con un Código Electoral justo y equitativo, y sacrifiquen el bienestar común, a favor de intereses político-partidistas», dijo la CCIAP en un comunicado.
Los principales actores involucrados en este proceso, es decir, los órganos Legislativo, Ejecutivo y Tribunal Electoral, «unos por acción y otros por omisión o inacción han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento, a saber, la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas», dijo la CCIAP.
«Dado lo anterior, una vez se apruebe la ley tal y como se encuentra redactada, la CCIAP sumará a otros actores de la sociedad civil organizada con el fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia», anunció la Cámara, uno de los gremios más importantes del país.
El miércoles miles de ciudadanos protestaron nuevamente en las calles de forma pacífica contra la reforma electoral y acusaron a los diputados de legislar para mantener sus prebendas en detrimento de la democracia.
