La Paz, 8 nov (EFE).- Varios sectores bolivianos contrarios a una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas iniciaron este lunes un paro indefinido coincidiendo con el primer año del Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce.
Desde primeras horas de la mañana de este lunes en ciudades como Santa Cruz y Cochabamba se registraban algunos bloqueos de vías, poca afluencia de transporte y varios comercios permanecían cerrados.
El paro es acatado de manera parcial pues algunos transportistas y comerciantes que están en contra de dicha ley anunciaron que no suspenderían sus labores.
Comerciantes informales, transportistas y organizaciones cívicas y ciudadanas piden desde hace semanas que el Gobierno derogue la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo también conocida como «ley madre».
Los detractores de esta ley sostienen que el oficialismo busca «imponer» un «totalitarismo económico y financiero» en contra del pueblo boliviano.
«Es un paro sin argumentos», dijo la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, y añadió que todos los «temas están siendo atendidos» por el Gobierno.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha pedido también la anulación de otro proyecto de ley aprobado recientemente por la mayoría oficialista en el Parlamento que, según sus detractores, vulnera las autonomías regionales, municipales y universitarias.
Para evitar los bloqueos de vías y garantizar el libre transito el Gobierno desplegó en varias ciudades un fuerte contingente policial, además, advirtió con sanciones a las trabajadores de la salud que suspendan sus labores en medio de la cuarta ola de la pandemia en el país.
Desde el paro cívico del pasado 11 de octubre y las movilizaciones del día 21, los líderes sindicales y gremialistas ya habían advertido con tomar nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no los escuchaba o derogaba completamente la «ley madre», que fue aprobada en agosto pasado.
Sectores oficialistas han rechazado esta medida que consideran busca «desestabilizar» al Gobierno y advirtieron que harán lo propio para defender la «democracia» y la administración de Luis Arce, quien asumió la Presidencia del país el 8 de noviembre de 2020.
