Buenos Aires, 16 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que al asumir el poder en diciembre pasado mostró discrepancias acerca del acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dejará que sea el Poder Legislativo el que tenga la «palabra final» sobre el convenio, informó este jueves el canciller, Felipe Solá.
«Nosotros no tenemos una palabra final, pero creemos que estamos más cerca de que se discuta en el Congreso y no ya en el Poder Ejecutivo, porque el paso del tiempo va cambiando las circunstancias políticas y va cambiando nuestra estrategia», afirmó el ministro en declaraciones a medios extranjeros.
UN ACUERDO QUE FIRMÓ EL GOBIERNO DE MACRI
En junio de 2019, tras dos décadas de negociaciones y aún con el conservador Mauricio Macri como presidente de Argentina (2015-2019), el Mercosur -integrado también por Brasil, Paraguay y Uruguay- y la UE sellaron un acuerdo de libre comercio que para entrar en vigor deberá ser debatido y sancionado por los parlamentos de cada país miembro.
Durante la campaña electoral para las elecciones que acabó ganando en octubre pasado, Fernández expresó sus dudas acerca de los posibles efectos negativos para Argentina, aunque nunca llegó a anunciar una salida del acuerdo.
«Nosotros nos opusimos a que se firmara en ese momento porque no se había consultado a ninguno de los sectores privados ni había ninguna estimación de impacto sectorial», señaló hoy el canciller, para quien la firma del pacto se hizo «como una decisión entre negociadores, pero sin negociadores privados».
«Y lo tenemos que aceptar, hay una continuidad jurídica del Estado, y enviarlo al Congreso», enfatizó.
UNA «AMPLIA» DISCUSIÓN
Solá recordó que si bien el acuerdo está cerrado, todavía no ha terminado su etapa jurídica: «en cuanto termine esa etapa va a pasar a redactarse, lo firmaremos y después vendrá una etapa muy política que va a ser la de los Parlamentos», subrayó.
A su juicio, generará una discusión «muy amplia», que puede ser «muy larga y diversa» pero no puede adentrarse en cambios dentro de lo acordado, es decir, «o se aprueba o se desaprueba, no se puede modificar».
«Así está firmado por el Gobierno anterior. El Estado sigue siendo el mismo», añadió, seguro de que el convenio tiene más puntos débiles que fuertes para Argentina, ya que «la apertura europea a productos agroindustriales argentinos es muy magra».
En cuanto al desafío, continuó, es que «da plazos importantes» para que la industria pueda acomodarse tecnológicamente a la posibilidad de competir directamente con productos europeos industriales.
En la actualidad, el Gobierno realiza un estudio acerca de cómo impactará sobre la economía argentina el acuerdo, que acompañará a la documentación que tratará el Congreso.
LA RELACIÓN CON EL REINO UNIDO
Consultado acerca de la posición en que queda la relación comercial con el Reino Unido tras su salida de la UE, Solá especificó que por el momento no hay previsto avanzar en un acuerdo con ese país en ese sentido, y aprovechó para enfatizar acerca del histórico reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, bajo dominio británico desde 1833.
«Hemos pedido a la UE que considere a nuestras islas Malvinas al menos no como territorio de ultramar del Reino Unido sino como territorio en disputa», relató Solá, en referencia a posibles acuerdos entre el bloque europeo y el Gobierno británico en los que se pudiera brindar «el mismo tratamiento» a los productos ingleses que a los que llegaran de Malvinas.
Asimismo, el canciller, que afirmó que la relación bilateral con Reino Unido sigue adelante, volvió a denunciar las «maniobras navales y bélicas» que asegura ese país sigue haciendo «en aguas argentinas» en el Atlántico Sur.
