Managua, 24 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó este miércoles al Ejecutivo gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto total de 150,55 millones de dólares para financiar un proyecto que busca sanear la ribera sur del lago de Managua o Xolotlán.
Ese es el segundo préstamo millonario enviado con carácter urgente en los últimos ocho días por el Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua y aprobado de forma expedita por la mayoría sandinista junto con sus aliados en el Parlamento, donde tienen mayoría absoluta.
El primero fue el miércoles pasado por un monto de 108,3 millones de dólares, de los cuales 82,1 millones serán aportados por el BCIE vía préstamos y otros 26,2 millones vía donación a través del Fondo Verde del Clima, para reducir la deforestación en las reservas de biosfera Bosawas y Río San Juan.
El nuevo préstamo, por 150,55 millones de dólares, está dirigido a financiar el «Programa de Saneamiento del Lago de Managua en la Ribera Sur», que fue suscrito el pasado día 12 entre el BCIE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ese proyecto tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación de las aguas vertidas en la ribera sur del lago de Managua o Xolotlán y mejorar las condiciones medio ambientales de los municipios de Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa, de acuerdo con el texto.
El costo total del proyecto es por 183,2 millones de dólares, de los cuales 150,55 millones serán aportados por el BCIE vía préstamo, entre ellos 106,2 millones provenientes del estatal Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW) canalizados a través del Banco Centroamericano.
Otros 21,4 millones serán adquiridos por Nicaragua directamente del KfW de Alemania y los restantes 11,2 millones serán el aporte de Managua.
Con esos recursos se pretende beneficiar a 2,3 millones de personas, de los 6,5 millones de habitantes que tiene Nicaragua, según el proyecto.
El contrato de préstamo fue suscrito el 12 de noviembre pasado por Carlos De Castilla, oficial país del BCIE, y el viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, José Adrián Chavarría Montenegro.
Tres días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al viceministro Chavarría Montenegro, al Ministerio Público, así como a otros ocho altos cargos nicaragüenses, por su papel en la «represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales» tras la «farsa» de elecciones del pasado 7 de noviembre.
Ortega, que se impuso en esos comicios después de que fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos, nombró luego a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como viceministro de Hacienda con las funciones legales para representar a la República de Nicaragua para los contratos de préstamos, donaciones, entre otros.
El lunes pasado, una veintena de organizaciones opositoras exigieron al BCIE que condicione los desembolsos a Nicaragua al respeto de los derechos humanos y «a la liberación de todas las personas presas políticas» en el país.
