Lima, 14 dic (EFE).- Los conflictos mineros aumentaron ligeramente en Perú desde que el izquierdista Pedro Castillo asumió la Presidencia en julio pasado, la mayoría en regiones andinas donde el mandatario izquierdista recibió un apoyo electoral masivo de una población que ahora confía en que resuelva rápidamente sus demandas.
Así lo sostiene el último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en Perú, que detalla que el epicentro de la tensión social en el país es el denominado Corredor Minero Sur, donde yacen grandes minas como Antapaccay, Hudbay y Las Bambas, la productora del 2 % del cobre mundial que amenazó con suspender esta semana sus operaciones si no cesan los bloqueos de las comunidades aledañas.
En total, en esta zona surandina, donde Castillo obtuvo votaciones que superaron el 90 % en algunos distritos, hay 42 conflictos socioambientales, en su mayoría de larga data y relacionados con la actividad minera.
Según el OCM, la tendencia de crecimiento moderado de las protestas mineras registrada en el segundo semestre de este año responde, principalmente, a las mayores expectativas de las comunidades vecinas a los yacimientos ante el alza del precio de los minerales y ante un Gobierno «que sienten como suyo y que esperan que resuelva las demandas pendientes».
«El flamante presidente simboliza todo aquello a lo que el Perú oficial le había dado la espalda en 200 años de vida republicana», se lee en el reporte, que destaca, sin embargo, que el número de conflictos es menor en comparación a otros periodos que coincidieron con el inicio de un nuevo gobierno, como fue el caso de los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
SIN PICOS
«Los picos de anteriores gobiernos no se han dado (…). Existe un crecimiento moderado, pero no es que se hayan disparado los conflictos», declaró a Efe Ana Leyva, vocera de CooperAcción, quien insistió en la necesidad de que haya un fortalecimiento de la institucionalidad por parte de la administración de Castillo.
«La gente protesta porque no hay canales que permitan que sus demandas sean atendidas (…), pero lo importante y ojalá sea así es que parece que ese Gobierno tiene ese interés de escuchar a la gente», agregó Leyva.
En ese mismo sentido se expresó a Efe Giselle Huamaní, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien subrayó que el actual Ejecutivo tiene un «enfoque nuevo» no solo centrado en la prevención de conflictos sino también en la «priorización del diálogo», dejando de lado la represión y la estigmatización de las protestas ciudadanas.
Pero la criminalización de la protesta social se ha mantenido casi intacta a los ojos de David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), quien recordó las decenas de detenciones y seis órdenes de prisión provisional dictadas con participantes en las manifestaciones de fines de octubre pasado contra la mina Antamina, en la región norandina de Áncash.
«Los operadores de Justicia atribuyen a quienes dirigen las protestas una supuesta actividad delictiva como si fuesen organizaciones criminales. Hay un contrasentido y un actuar equivocado del Estado», aseveró Velasco, que criticó también la falta de voluntad de las empresas «para buscar soluciones de diálogo».
SUPERCICLO DE PRECIOS
Sobre el nuevo superciclo del precio de los minerales, que podría prolongarse en los próximos años, el informe del OCM subraya que el cobre fue el que más ha recuperado su cotización.
En concreto, el precio de este mineral se ha incrementado en 44 % en los últimos doce meses, un dato relevante para Perú, donde el cobre ocupa el 50 % de las exportaciones mineras y el 75 % de las futuras inversiones, de acuerdo a la cartera de proyectos del sector.
Este escenario favorable a los precios viene generando una mayor recaudación tributaria del sector minero, hasta el punto que su aporte al total de tributos recaudados por el Estado registró una participación del 16,4 % a septiembre de este año, una cifra similar a los niveles de 2011, cuando se estaba en pleno superciclo de precios de las materias primas.
De hecho, hasta el noveno mes de 2021, el aporte de las empresas mineras en el Impuesto General a la Renta aumentó en 209,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Ante los mayores precios y las ganancias extraordinarias por parte de las empresas, el Gobierno solicitó facultades legislativas para modificar el régimen tributario del sector y lograr así una mayor captación de renta extractiva minera.
Según avanzó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, en declaraciones al diario El Comercio, esto permitiría recaudar hasta 6.000 millones de soles (1.500 millones de dólares) en cinco años.
