Buenos Aires, 27 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina firmó este lunes con 23 provincias del país un pacto de «consenso fiscal» que suscita polémica, pues el sector empresarial asegura que habilitará la imposición de una mayor carga tributaria al sector productivo.
Según informaron fuentes oficiales, el nuevo «consenso fiscal» busca establecer una estructura impositiva «orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado» con el objetivo de reducir en forma «gradual y sostenida» las diferencias que existen en materia de desarrollo económico y social entre las diversas regiones del país.
Entre otros puntos, el acuerdo promueve una armonización de los tributos que se cobran en las distintas jurisdicciones, al tiempo que incluye un compromiso por parte de las provincias de no incrementar su deuda en moneda extranjera y de poner un límite al crecimiento del gasto.
«Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina», dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en el acto de firma del acuerdo.
El pacto fue suscrito por los gobernadores de 23 provincias del país, tanto oficialistas como opositores.
El único distrito que no adhirió fue la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, uno de los líderes de Juntos por el Cambio, el mayor frente opositor en Argentina.
Fernández destacó que este pacto le «sirve mucho» a Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarias deudas con el organismo porque «muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales».
PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL
La Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad patronal del país, manifestó este lunes que el pacto fiscal «genera enorme preocupación en el sector industrial debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo» al eliminar la reducción progresiva del denominado impuesto a los ingresos brutos que se había establecido originalmente en 2017.
El sector industrial, que debería quedar exento de este impuesto en 2022, mantendrá gracias al nuevo pacto una alícuota de 1,5 %; un tributo que, según la entidad empresarial, «no solo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables».
Para la UIA, otro aspecto de «preocupación» del nuevo consenso fiscal es que las provincias podrán establecer un impuesto sobre la herencia en 2022.
«Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares», advirtió la patronal.
Para el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el «consenso fiscal» 2022 «va en el sentido contrario de las medidas que se necesitan para impulsar la reactivación económica y la inversión productiva» en Argentina.
LA CAPITAL RECHAZA EL PACTO
El alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en rueda de prensa que la oposición se comprometió en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre pasado a no convalidar la subida o la creación de nuevos impuestos.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires alegó que no firmó el consenso fiscal porque el acuerdo habilita la creación y el aumento de impuestos.
«Esto es grave no sólo porque habilita más impuestos sino porque además anula el camino de baja que veníamos transitando con el consenso fiscal de 2017», dijo.
El alcalde sostuvo que no se pueden tomar este tipo de medidas en un país que «hace diez años que no crece y en el que no se crea trabajo formal».
