Lima, 21 jul (EFE).- Impedir la reactivación de concesiones forestales de la Amazonía peruana, ubicadas en territorios de indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) y pendientes de protección, es el objetivo de una reciente demanda de amparo interpuesta en la Justicia de Perú.
El recurso legal presentado por la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) solicita al Poder Judicial que paralice la vuelta a la actividad del sector forestal en aquellas concesiones forestales en conflicto territorial con las cuatro reservas indígenas en trámite de creación.
Estas propuestas de áreas naturales protegidas están en la región amazónica de Loreto, la más extensa y grande del país, por lo que en la demanda también se insta a prohibir nuevas concesiones en estas sensibles zonas, según informó este martes la ORPIO en un comunicado.
Por ello, el recurso se dirige contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor) y el Gobierno Regional de Loreto (Gorel).
La acción legal cuenta con el apoyo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Forest Peoples Programme (FPP) y Rainforest Norway.
DERECHOS VULNERADOS
La ORPIO, la mayor organización indígena de Loreto, considera que la decisión de las autoridades regionales de reanudar el sector maderero atenta contra los derechos de los PIACI, tanto de territorio como de salud, pues el ingreso de los operarios para talar árboles los expondría a eventuales contagios de COVID-19.
La llegada del coronavirus a estas zonas supondría «una amenaza para sus vidas y su continuidad como colectividades», debido a que su «sistema inmunológico es frágil ante enfermedades externas».
Para las autoridades indígenas, la amenaza es «cierta e inminente», al recordar que el gobierno regional de Loreto ya otorgó «de manera ilegal» entre 2016 y 2017 hasta 43 concesiones forestales en los territorios de las reservas indígenas solicitadas.
Según la ORPIO, las mismas autoridades de Loreto «tampoco hicieron caso» a las solicitudes cursadas desde 2017 por el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo que piden anular esas concesiones forestales.
IMPACTOS EN SU FORMA DE VIDA
La organización indígena recordó que existen informes donde el Estado reconoce la existencia de los PIACI en las áreas delimitadas para esas cuatro reservas en proceso de creación.
Esa actividad intrusa se da normalmente con equipos de tala formados por más de 10 personas y causa en las tribus indígenas aisladas «huidas intempestivas, abandono de viviendas, alteración de sus rutas de desplazamiento y aprovechamiento de los productos del bosque, conflictos y enfrentamientos», según la ORPIO.
Asimismo, el ruido de las motosierras, tractores y escopetas ahuyenta a los animales del monte de los que se alimentan los pueblos en aislamiento, lo que genera una competencia entre madereros e indígenas por los mismos alimentos.
La actividad forestal en estas zonas es también el origen de la mayor parte de la tala ilegal de la Amazonía peruana, pues se estima que el 80 % de la madera que exporta Perú procede de árboles talados ilegalmente fuera de esas concesiones.
Las cuatro reservas indígenas en trámite son Yavarí-Mirim y Yavaría-Tapiche, ambas en el margen izquierdo del río Yavarí, que hace de frontera de Perú con Brasil; Sierra del Divisor Occidental, y Napo-Tigre, en la frontera de Perú con Ecuador.
COVID-19 EN RESERVA INDÍGENA
Actualmente, la Amazonía peruana tiene cinco reservas indígenas vigentes para PIACI donde se restringió el ingreso de personas foráneas durante la cuarentena por la COVID-19, pues el Gobierno suspendió los permisos de entrada a estas zonas protegidas.
Pese a la precauciones, la COVID-19 ya llegó a una de ellas, la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), que abarca unas 456.000 hectáreas entre las regiones de Ucayali y Cusco.
Allí se reportaron desde la pasada semana los primeros casos de coronavirus en Santa Rosa de Serjalí, el principal asentamiento de los nahua, un pueblo indígena considerado en contacto inicial al mantener relaciones sostenidas con la sociedad contemporánea desde hace unos 30 años.
El Estado peruano reconoce a 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que en total suman a unas 7.000 personas, de ellas unas 4.900 se encuentran en situación de aislamiento y unas 2.100 en situación de contacto inicial.
