Lima, 29 ene (EFE).- El Gobierno peruano tomará en las próximas 48 horas «decisiones firmes» respecto a la situación de la empresa Repsol en el país, tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en la costa central peruana, aseguró este sábado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
«Estoy convencido que en las próximas 48 horas, así como se ha tomado una decisión a nivel de un equipo de ministros presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, el lunes o el martes esto tendrá ya su desencadenamiento con decisiones firmes», indicó Sánchez en una entrevista con la emisora RPP.
El ministro mencionó que para tomar la decisión también será importante conocer el informe de la misión de expertos de las Naciones Unidas que se encuentra en el país para asistir al Gobierno en la respuesta a este desastre ecológico, que ya ha afectado a unos 100 kilómetros de costa, mientras que el área que abarca la mancha de crudo es de aproximadamente 11,9 kilómetros cuadrados entre el mar y las playas.
Además, el titular del sector Comercio Exterior y Turismo criticó que Repsol haya desplegado una campaña internacional para responsabilizar del derrame al oleaje anómalo ocasionado por la erupción volcánica en Tonga y aseguró que la empresa cometió un acto «flagrante» al no reconocer desde un inicio la cifra real de los barriles de petróleo que se derramaron en el mar peruano.
La víspera, la compañía española informó a través de un comunicado que la cantidad de crudo derramado alcanzó los 10.396 barriles (1,65 millones de litros), una cifra notablemente superior a los 6.000 barriles que en días anteriores había señalado y levemente menor a los 11.900 barriles (1,9 millones de litros) estimados por el Ministerio del Ambiente.
En un primer momento, Repsol reportó a las autoridades peruanas la pérdida de solo 0,16 barriles (unos 25 litros).
Por otro lado, Sánchez destacó la decisión del Poder Judicial de aprobar el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses para cuatro altos funcionarios de Repsol, incluido el director ejecutivo de la empresa en Perú, Jaime Martínez-Cuesta.
También el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal de incautación del buque italiano Mare Doricum, la nave que en el momento del accidente estaba descargando casi un millón de barriles procedentes de Brasil para ser procesados en la Refinería La Pampilla, ubicada en Ventanilla, municipio de la región portuaria del Callao, aledaña a Lima.
Mientras el Ministerio Público busca determinar los responsables de la catástrofe medioambiental, cuyas causas aún son confusas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al ministerio del Ambiente, ya adelantó que Repsol incumplió los plazos de 3 de las 12 medidas administrativas dictadas para limpiar el crudo, por lo que advirtió que la empresa se expone a multas millonarias.
En concreto, el OEFA detalló que, de incumplir todas medidas impuestas, Repsol enfrenta hasta 49.200 unidades impositivas tributarias (UIT) en multas, lo que equivale a 226 millones de soles (unos 59 millones de dólares).
Por su parte, la compañía informó este sábado a través de un comunicado que, como parte de las acciones que viene desplegando, firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Pescadores del distrito de Ancón, que representa más de 1.000 pescadores.
La empresa agregó que el 35 % del petróleo derramado ya ha sido recuperado mediante las labores de limpieza del mar y de las playas, en la que están trabajando cerca de 2.500 personas y decenas de embarcaciones en alta mar.
