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23 de noviembre de 2024

Iberia admite un «error» y dice que ya dio aclaraciones a la Justicia de Brasil

Sao Paulo, 10 feb (EFE).- La aerolínea española Iberia afirmó este jueves que la oferta de cientos de billetes aéreos a precios promocionales se trató de un «error» y aseguró que ya lo aclaró con las autoridades brasileñas tras la apertura de un proceso en el país suramericano para averiguar el caso.

Según explicó la compañía, se produjo un error en la carga de las tarifas para los vuelos ofertados entre Río de Janeiro y París a finales de diciembre, que fueron vendidos por 118 dólares ida y vuelta, un precio que en realidad representaría «el 10 % de su valor» original.

«El error se detectó en apenas tres horas, pero creemos que se amplificó porque algunos buscadores de vuelos -a los que los clientes se pueden suscribir para recibir alertas de vuelos baratos- difundió el precio», señaló Iberia a Efe.

Agregó que, «nada más detectarse el error», los clientes y las agencias de viajes fueron inmediatamente comunicados de que se iban a cancelar las reservas y se realizaron los reembolsos.

Asimismo, informó que ya contestó a las aclaraciones solicitadas por las autoridades brasileñas.

«Senacon -que es el órgano de consumo dependiente del Ministerio de Justicia- nos ha solicitado una aclaración sobre este tema y ya les hemos contestado», dijo.

El caso remite a la apertura la víspera de un proceso administrativo en Brasil por la comercialización de centenares de billetes aéreos vendidos el pasado 28 de diciembre y que fueron cancelados de forma «unilateral» por Iberia pocos días después.

En caso de que fuera condenada, la aerolínea española podría pagar una multa de hasta 12 millones de reales (unos 2,28 millones de dólares o 2 millones de euros).

En un comunicado, el Ministerio de Justicia de Brasil explicó que Iberia ya había sido notificada por la Senacon el pasado 21 de enero para justificar los motivos de la suspensión de los viajes, lo que «no fue cumplido» por la empresa.

De esa forma, «fue instaurado el proceso administrativo para verificar las supuestas prácticas abusivas al dejar al consumidor en una desventaja exagerada, ante la ausencia de información adecuada y precisa», precisó la cartera.

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