Lima, 17 feb (EFE).- La salud de más de 2.500 familias que habitan asentamientos en la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana, depende de un fallo judicial que dictará el Tribunal Constitucional (TC) de Perú sobre su pedido de que el Estado sea obligado a dotarlos de agua potable y saneamientos básicos.
«Esperamos que la sentencia sea favorable. Aunque exista una ley que no permita invertir en este tipo de zonas, se está atentando contra los derechos humanos y esto tiene mayor categoría sin ninguna duda», declaró este jueves a Efe el obispo vicario apostólico de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas.
El obispo, un español que lleva 26 años en esa zona selvática de Perú, definió como «esperpéntico» que los municipios locales se opongan a dotar de estos servicios básicos a sus propios habitantes y consideró que este es un asunto que «les queda grande».
La demanda implica a las comunidades de los asentamientos «Iván Vásquez Valera» y «21 de septiembre», en el distrito de Punchana, que no tienen un sistema básico de agua potable ni desagüe, por lo que sus calles se llenan de residuos cuando llueve con fuerza o hay crecidas de los ríos, algo muy habitual en la Amazonía.
«El desagüe está abierto y a él llegan los residuos de parte de la ciudad, del matadero municipal y de un hospital, y durante los tres meses de crecidas fuertes de los ríos y con intensas lluvias, las calles se llenan de deshechos, lo que tiene consecuencias desastrosas para la salud, provocando todo tipo de enfermedades», detalló el obispo.
Por esta razón las comunidades, con la ayuda del Vicariato de Iquitos y otras organizaciones, llevaron su demanda ante el TC, que ha fijado para este viernes la audiencia en la que se expondrán los argumentos.
Según lo informado a Efe por portavoces de los demandantes, hace cinco años que los asentamientos mantienen una batalla judicial para exigir a los municipios locales y al gobierno regional que les doten de los servicios básicos.
A pesar de haber ganado en primera instancia, las autoridades locales justificaron que en la zona existe una ley que prohíbe invertir en zonas inundables.
Cadenas recordó que «Perú está en proceso de entrar» a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) «y entre otros requisitos está que el Estado dé servicios mínimos como el acceso al agua potable y alcantarillado».
Iquitos es la capital de la región Loreto y la ciudad más grande enclavada en medio de la Amazonía peruana, con 600.000 habitantes en la actualidad, pero solo cuenta con un acceso al agua potable del 56,3 %, el nivel más bajo de todo el país suramericano.
«Hubo un intento de alcantarillar y dar agua potable a estos asentamientos hace unos 10 o 15 años, se gastaron 800 millones de soles (unos 216 millones de dólares o 190 millones de euros), pero no funcionó, aquí entraron en juego la corrupción y una mala gestión», aseguró el obispo.
Sus representantes enfatizaron que al no contar con estos servicios, las humildes familias tienen que comprar agua para el consumo y uso doméstico, se presentan enfermedades como la diarrea o fiebre y se percibe una pestilencia casi permanente que afecta la dignidad de sus habitantes.
El obispo aseguró que espera que el Estado se haga cargo de esta situación y dijo que es posible «encontrar maneras» para diseñar un nuevo plan de alcantarillado y saneamiento, pero que para ello el TC debe dictar una sentencia que lo afirme.
