La Paz, 24 jul (EFE).- El uso del dióxido de cloro, una sustancia utilizada para desinfectar, como supuesta alternativa contra la COVID-19 ha generado en Bolivia una polémica hasta el punto de que las autoridades advierten de procesos penales por sus riesgos para la salud.
El Ministerio de Salud ha anunciado juicios penales para los que alienten su uso, después de que el Parlamento abriera el trámite de una ley para la producción del químico defendiendo su aplicación en pacientes con coronavirus y en redes sociales circularan protocolos de aplicación, pese a las alertas de entidades sanitarias sobre los riesgos que conlleva su consumo.
RIESGOS PARA LA SALUD
Parte de la explicación está en la «desesperación de la población» ante un sistema hospitalario poco efectivo, dijo a Efe la directora del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Teresa Rescala.
La experta mencionó que las noticias sobre gente que muere en la calle, de que «todo está abarrotado» en los hospitales y de la «inseguridad» de recibir atención pronta en caso de un contagio hacen que una parte de la población «haga que se crea» soluciones como las que se atribuyen al dióxido de cloro.
Rescala sostuvo que este fenómeno no es nuevo, sino que comenzó hace como una década, cuando la gente empezó a utilizar sustancias como el Miracle Mineral Solution (MMS), que incluso se vinculó a ciertas prácticas religiosas, además de supuestos efectos positivos contra el cáncer, el VIH y el autismo.
La experta señaló que se deben diferenciar los efectos de la sustancia in vitro, es decir, en laboratorio, sobre in vivo o en el cuerpo de una persona.
Fuera del organismo el dióxido de cloro es «un antiséptico, potabilizador del agua, limpiador de superficies y que su condición química gaseosa se ha observado que puede atacar el coronavirus», precisó Rescala, algo que no puede afirmarse que suceda en el cuerpo humano.
Ya en el cuerpo «le puede hacer a cualquier célula del organismo» lo que le hace al coronavirus y con eso activar problemas fisiológicos, intoxicaciones y complicaciones en la salud, apuntó.
En Bolivia abundan testimonios de periodistas, deportistas y figuras públicas sobre beneficios de ese consumo, pero también se han comenzado a reportar casos de intoxicación.
A juicio de Rescala, algunos estudios han reconocido «el poder cáustico» o de destrucción de tejidos que tiene a nivel gastrorrespiratorio y gastrointestinal, inclusive los daños hepáticos y renales que puede ocasionar.
«No existe ningún estudio clínico, no puede haber, porque no es un medicamento, que demuestre la capacidad clínica o terapéutica que pueda tener», sentenció al especialista.
QUIENES DEFIENDEN EL PRODUCTO
Las advertencias de las autoridades, incluso de iniciar procesos penales, no evitan que en algunas ciudades se vean colas en farmacias para conseguir el producto, algunas llegando a agotarlo.
El doctor Federico Anze, cuya Farmacia Boliviana en la ciudad de Cochabamba es de las más antiguas, defiende este producto que asegura haber probado en su propio cuerpo.
Ni cura la COVID-19 ni es una vacuna, asegura a Efe sobre el dióxido de cloro Anze, quien mantiene que ayuda a mejorar al enfermo, incluido mentalmente, y si se escuchan casos en Bolivia de intoxicaciones, son por tomar «cualquier cosa, lavandina, hipoclorito», por «basura» que se vende en internet.
Unas 60.000 personas, según Anze, lo han adquirido en su farmacia, ante la que se forman largas colas a diario.
Bolivia reporta unos 2.400 fallecidos y más de 65.200 casos de COVID-19, en un país de once millones y medio de habitantes, lo que según distintos estudios lo convierte en uno de los más afectados del mundo por la pandemia en comparación a su población.
Gabriel Romano
