San José, 3 may (EFE).- Latinoamérica ha conseguido avances en transparencia fiscal mediante el intercambio de información entre los países, pero sigue enfrentando el enorme reto de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos que equivalen al 6,1 % del PIB de la región.
Así lo expone el informe «Transparencia Fiscal en América Latina 2022», elaborado por la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y presentado este martes en Costa Rica durante la sexta reunión de la Declaración de Punta del Este sobre la materia.
La jefa de la Secretaría del Foro Global, Zayda Manatta, dijo en la presentación del informe que la evasión «afecta significativamente a América Latina» y subrayó la importancia de mejorar el intercambio de información y destinar y capacitar a más personal en esa tarea.
«La evasión y los flujos financieros ilícitos dificultan la movilización de los ingresos y causan un impacto negativo en la credibilidad de los sistemas tributarios y un efecto en la voluntad de los contribuyentes para cumplir sus obligaciones.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), citados en el informe, en 2018 Latinoamérica perdió el equivalente al 6,1 % del PIB de la región debido a los incumplimientos tributarios.
Las tasas de evasión para el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades en América Latina se han mantenido en una media del 44 % y el 58 %, respectivamente, en las dos últimas décadas, de acuerdo con el informe.
Además, se calcula que el 27 % de la riqueza de la región (equivalente a 900.000 millones de euros o 948.000 millones de dólares) se mantiene ‘offshore’ (fuera de la región), lo que supone una pérdida potencial de ingresos de unos 19.000 millones de euros (20.000 millones de dólares).
Manatta destacó que las estructuras de intercambio de información tributaria «son poderosas herramientas» para hacer cumplir las obligaciones fiscales.
El informe destaca que los países latinoamericanos «dan prioridad a la transparencia fiscal para hacer frente a la evasión de impuestos y movilizar ingresos domésticos» y que «están creando sólidas infraestructuras de EOI (estándar de intercambio de información) mediante la creación de unidades específicas y la asignación de recursos para personal, formación y herramientas técnicas».
El documento muestra que 15 de los 16 países que analizó el estudio cuentan con una unidad de EOI funcional, sin embargo hace un llamado a continuar con el desarrollo de las capacidades del personal de las administraciones tributarias, en particular de los auditores fiscales.
«Aunque los países latinoamericanos han ampliado significativamente sus redes de EOI, la mayoría de ellos siguen realizando muy pocas solicitudes de información», indica.
En 2021, la región de América Latina aumentó el número de solicitudes de información enviadas en un 103 % en comparación con 2020, sin embargo, siguen existiendo importantes disparidades entre países.
Los datos del informe muestran que 10 países latinoamericanos ya intercambian información de cuentas financieras en 2021, aunque subraya que queda trabajo por hacer para que todos los países participen en este estándar global.
El informe asegura que mediante el intercambio de información se están generando ingresos adicionales para la región.
Los datos indican que durante el periodo 2009-2021 se han identificado al menos 25.700 millones de euros (unos 27.000 millones de dólares) en ingresos adicionales a través de los programas de divulgación voluntaria.
El ministro de Hacienda de Costa Rica, Elian Villegas, dijo en la presentación del informe que los países latinoamericanos enfrentan «una situación de desigualdad social creciente» que requiere de un esfuerzo de las autoridades por mejorar la transparencia y la recaudación.
«Tenemos que ir disminuyendo de forma significativa la evasión porque así vamos a lograr contar con más recursos y que quienes más tienen que pagar, paguen, para financiar el gasto social, la infraestructura y la salud, que en el fondo es eliminar la desigualdad social».
