Lima, 11 may (EFE).- Los conflictos sociales entre comunidades y empresas mineras que han germinado en Perú están afectando la producción del sector, así como la ausencia del Estado en los mismos, aseguraron este miércoles varios consultores y empresarios reunidos en Lima.
«Los que trabajamos en gestión social en (compañías) extractivas estamos bastante preocupados por la situación. Nos falta decisión política en lo que pasa en el país frente a los conflictos», dijo la exviceministra de Trabajo y consultora, Beatriz Alva.
Alva fue una de las invitadas a la mesa redonda «Gobernanza y conflictos sociales» que se celebró como parte de la decimocuarta edición del Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre.
«Uno de los principales riesgos que presentamos en estos momentos es el debilitamiento de la capacidad estatal para atender esta situación. Si esto se deteriora, se va agregar ineficacia e inclusive problemas de integridad y corrupción», aseguró el secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra.
Los participantes en el coloquio coincidieron en señalar la «ausencia del Estado peruano» a la hora de gestionar y prevenir estos problemas sociales y los problemas que el Gobierno presenta en el momento de articular soluciones con los diferentes actores.
La volatilidad de funcionarios y responsables de diferentes instancias como la de gestión social y en el propio Ministerio de Minas y Energía provoca que no se puedan implementar políticas y acciones a largo plazo que ayuden a la solución de estos conflictos que enfrentan a empresas con comunidades donde estas se establecen.
Otra de las conferencistas, la consultora independiente Paola Bustamante, sostuvo la importancia de que no llegue al sector privado la resolución de estos conflictos, ya que se hacen más complejos, y, por tanto, sea el Estado quien se encargue de resolverlos.
CONFLICTO DE LAS BAMBAS
La toma de la mina de Las Bambas, en el sureño departamento de Apurimac, por manifestantes de comunidades durante abril pasado, paró la producción de la empresa y mostró la tensión aún existente entre las comunidades locales y las compañías extractoras.
El gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de la compañía MMG Las Bambas, Carlos Castro, explicó que esta situación de conflicto que se arrastra desde hace años está generando oportunidades de negocio para algunos.
«Se ha generado un negocio alrededor del conflicto, hay comerciantes del conflicto, personas que se dedican a generar posiblemente expectativas exageradas a ciertas comunidades haciéndoles creer lamentablemente que tienen intereses legítimos», aseguró Castro.
Dijo que, además de una gobernanza que promueva el diálogo, se tienen «que activar otras instancias como el principio de autoridad» para sancionar a estos representantes que, según el representante de la minera, se están lucrando.
Según sus palabras, los enfrentamientos están provocando que en Las Bambas, en los últimos 5 meses, se sumen 33 días en los que se ha parado la producción. Y, si se echa la vista atrás, desde enero de 2016 ha habido 488 días de bloqueo.
«Toca ver de qué manera se pueden generar voluntades y buscar aliados en el territorio que ayuden a esa recuperación de confianza que permita retomar el diálogo. Evidentemente, no se va avanzar si es que efectivamente existen estos delincuentes que se están lucrando en el conflicto», concluyó Bustamante.
