Bogotá, 16 may (EFE).- La Contraloría de Colombia decidió abrir una investigación fiscal a la petrolera estatal Ecopetrol por presunto daño patrimonial que podría ascender a 615 millones de dólares en la compra-venta de acciones de una empresa en Perú.
Se trata de la compra en 2018 del 50 % de la sociedad Offshore International Group (OIG), radicada en Perú, y la venta de las mismas acciones en enero de 2021 por menos del 5 % de lo que se pagó inicialmente, según detalló este lunes la Contraloría en un comunicado.
«La indagación preliminar estableció varios indicios de que se trató de un negocio mal planificado y ejecutado por Ecopetrol, que había sido advertida por consultores externos de los riesgos inminentes de entrar en ese negocio», afirmó la Contraloría (tribunal de cuentas).
En 2008, con el fin de llegar a producir un millón de barriles para 2015, meta que tenía entonces Ecopetrol, la petrolera comenzó una estrategia de adquisición de empresas y campos nacionales e internacionales que pudieran ampliar sus recursos exploratorios y reservas.
Así, en diciembre de 2008, junto a la coreana Korea National Oil Corporation (KNOC), suscribieron la compra por igual de Offshore Exploration and Production, que transformaron en OIG y cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú.
Ecopetrol pagó en febrero de 2009 unos 496 millones de dólares por las acciones, con pagos adicionales en 2011 de casi 146 millones de dólares.
Sin embargo, el 19 de enero de 2021 Ecopetrol informó de que junto a KNOC había decidido vender a Z Mining Investments la totalidad de las acciones de OIG por un monto que no reveló debido a «un acuerdo de confidencialidad».
La Contraloría entonces abrió un proceso en cuya indagación preliminar reveló que Ecopetrol habría pagado más de 640 millones de dólares para adquirir las acciones de OIG y las habría vendido por menos del 5 % de lo que se pagó inicialmente.
Es decir, la Contraloría General de la República aseguró que «en el mejor de los casos» las acciones se habrían vendido conjuntamente a 231,5 millones de dólares, de los cuales a Ecopetrol le correspondería 115,5 millones de dólares y que además estarían sujetos a «la materialización de eventos futuros».
Por eso, ahora el ente fiscalizador decidió abrir una investigación fiscal «para que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de 615 millones de dólares».
