Lima, 27 may (EFE).- El Gobierno de Perú amplió este viernes y por 60 días el estado de alarma en los municipios cercanos a la gran mina Las Bambas tras no haber llegado a acuerdos con las comunidades que han ocupado el yacimiento y paralizado su producción.
El decreto fue publicado en el diario oficial El Peruano y afecta a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas del departamento surandino de Apurímac.
El pasado 27 de abril, el Gobierno declaró el estado de emergencia cuando protestantes tomaron Las Bambas.
La norma publicada este viernes especifica que, en esos distritos, «quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales».
La Policía seguirá asumiendo el control del orden interno 60 días más a partir de este sábado, cuando vence el primer decreto que declaró el estado de emergencia, como lleva haciendo desde el pasado 27 de abril.
Este martes, el presidente del país, Pedro Castillo, se reunió en el Palacio de Gobierno con representantes de seis comunidades de la zona minera para escuchar sus demandas e intentar lograr un acuerdo.
Entre varios reclamos, los comuneros pedían levantar el estado de emergencia, pero el Gobierno anunció que solo lo revertería si estos desocupaban la zona, permitiendo así retomar su producción inmediata, que lleva paralizada desde el 20 de abril.
Según explicaron a Efe fuentes de las comunidades, sus representantes expresaron durante el encuentro estar en contra de esta condición y pidieron, al menos, 15 días de diálogo antes de que la producción de la empresa minera china MGM volviera a la normalidad.
No se conocen más detalles de las negociaciones, pero el decreto supremo muestra que las mesas de diálogo no llegaron a acuerdos entre el Gobierno y las comunidades.
El pasado 14 de abril, manifestantes de las comunidades ocuparon Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, para denunciar compromisos incumplidos por la empresa desde 2014, cuando vendieron terrenos para las operaciones extractivas.
Ante esta protesta, la mina paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según expertos representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios (1,4 millones de dólares) para el Estado peruano.
