Lima, 2 jun (EFE).- Cientos de trabajadores del sector minero salieron este jueves a las calles de Lima, Cusco y Arequipa para exigir al Gobierno peruano que solucione el conflicto que enfrenta a la empresa gestora de la gran mina de cobre de Las Bambas con las comunidades de la zona que ha paralizado sus operaciones.
«Las Bambas representa el proyecto con la mayor inversión en la historia de Perú y ya lleva 50 días paralizado sin poder reiniciar operaciones. Básicamente, esta marcha busca hacer escuchar la voz de los más de 8.000 trabajadores que se ven afectados», dijo a Efe el gerente de asuntos legales de Las Bambas, Claudio Cáceres.
Para Cáceres, «lo único que desean» esos trabajadores «es poder regresar a sus puestos de trabajo».
El pasado 14 de abril comuneros tomaron el yacimiento para protestar sobre sus derechos y una serie de supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa china gestora de la mina, MGM. Desde entonces, ha estado paralizada la operación en el yacimiento de cobre.
Tras recorrer parte del centro de la capital del país andino, diferentes manifestantes se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
«Nosotros comprendemos perfectamente el problema en Las Bambas, consideramos que esta situación no se puede extender más, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que los comuneros levanten las medidas de fuerza, pero ellos no quieren», dijo Torres en la reunión, según un comunicado difundido por su despacho.
El primer ministro explicó a los diferentes representantes que existen ciertas demandas de las comunidades que no son competencia del Gobierno y que lo importante, además de encontrar una solución, es «evitar desenlaces fatales».
«No queremos peligros, hay que preservar la vida», dijo.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, dijo a Efe antes de esta reunión que, «además de los trabajadores directos de Las Bambas, que son unos 8.000, hay 5.000 familias que dependen indirectamente del trabajo que genera la mina» y que ven «con gran preocupación la falta de una respuesta apropiada a lo que está ocurriendo».
Las marchas celebradas en diferentes puntos del país coincidían en demandar al Gobierno soluciones y pedir la vuelta de las operaciones.
«Paraliza la minería, paraliza Perú», «No a la suspensión de nuestro trabajo», o «Gobierno exigimos solución, queremos trabajar», eran algunas de las proclamas que se podían leer en las pancartas.
«El Gobierno tiene otras herramientas dentro del Estado de derecho para actuar y vemos con gran preocupación que esto no está ocurriendo y se están perdiendo todos los días diez millones de dólares en exportaciones y ocho millones de soles en impuestos (aproximadamente dos millones de dólares), es una cantidad tremenda que va a afectar al país y se va a empezar a sentir», añadió Jacob.
El Estado peruano alargó el estado de emergencia el pasado 27 durante dos meses más en los distritos de la zona minera de Las Bambas, que produce el 2 % de cobre mundial, porque el bloqueo de las comunidades impide retomar las actividades de extracción.
«El Gobierno está haciendo innumerables esfuerzos para poder reiniciar el diálogo y poder sentarnos en una mesa con las comunidades para poder revisar los supuestos incumplimientos que ellos aducen. Resulta inexplicable como las comunidades después de 50 días se niegan a poder conformar esta mesa de trabajo y poder justamente solucionar esta situación», añadió Cáceres.
