Lima, 9 jun (EFE).- La Fiscalía en la región peruana de Arequipa (sureste) confirmó este jueves la detención de 31 personas por un enfrentamiento entre mineros en el que fallecieron 14 personas, durante un aparente intento de desalojo en una zona de extracción de oro.
En rueda de prensa, las fiscales a cargo de la investigación señalaron que, en los próximos días, tienen que pronunciarse sobre la situación jurídica de los 31 detenidos, que permanecen en una comisaría de Arequipa, para decidir si pedirán prisión preventiva u otra medida restrictiva.
Esa decisión va a depender de un análisis exhaustivo de toda la evidencia recogida en el lugar de los hechos y de la incautación de celulares, armas y municiones que estaban en poder de los detenidos.
«Estamos esperando los resultados de la absorción atómica que va a permitir definir quiénes realmente han hecho uso de armas de fuego», indicó una representante del Ministerio Público.
Los primeros siete fallecidos en el ataque, que fueron localizados el sábado, murieron por heridas de armas de fuego en una zona conocida como Huanaquita, en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, confirmó la Fiscalía.
Otros siete fallecidos aparecieron en el fondo de un barranco en la zona de La Catarata, el pasado martes, y actualmente trabajan en su identificación.
El Ministerio Público maneja la hipótesis de que sufrieron un ataque, pero los detenidos declararon a los fiscales que llegaron a la zona como trabajadores de seguridad de una de las empresas mineras.
La Fiscalía explicó que existe un antecedente de enfrentamientos entre las empresas Inti Gold y Renace Calpa, donde la primera quería desalojar a la segunda a la fuerza.
Sin embargo, en el conflicto también participaron aparentemente miembros de una tercera empresa, Atico Calpa, según manifestaron pobladores a los medios locales.
Este jueves, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) afirmó que es «preocupante» que estos conflictos entre grupos de mineros artesanales e informales «no hayan sido identificados y atendidos a tiempo» por los organismos gubernamentales y regionales competentes.
Además, los obispos peruanos, reunidos en la CEP, reclamaron en un comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los ministerios comprometidos y al Parlamento a actuar «con celeridad y eficacia para abordar esta problemática de manera integral» y «no lamentar más pérdidas de vidas humanas».
