San José, 27 jul (EFE).- Diversos grupos sindicales y sociales se manifestaron este lunes en las calles de San José en contra de las medidas económicas aplicadas por el Gobierno durante la pandemia de la COVID-19 y para exigir un fondo de emergencia que auxilie a los desempleados.
La manifestación, liderada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), estuvo compuesta por sindicalistas, agricultores y trabajadores, que en su mayoría acudieron en sus vehículos para participar de la caravana.
Los manifestantes exigieron la creación de un fondo de emergencia para ayudar a un millón de personas que han quedado desempleados, con jornadas reducidas o cuyo contrato ha sido suspendido.
El movimiento propuso que ese fondo se financie «gravando las grandes fortunas de personas físicas, y rentas de sectores con ganancias millonarias».
Los manifestantes también pidieron que se elimine el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, que se aprueben leyes «que frenen el fraude fiscal» y que el Gobierno fortalezca y pague una deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Otra de las consignas es el rechazo a la eventual venta de activos del Estado como el Instituto Costarricense de Electricidad y su marca de telecomunicaciones Kolbi. La idea de venta de activos estatales ha sido expuesta por grupos empresariales y economistas como vías para reducir gastos y paliar deudas.
Los sindicatos también se oponen a una reducción de jornadas laborales en el sector público propuesta por el Gobierno y urgieron a las autoridades planes de apoyo para agricultores, las pequeñas y medianas empresas, así como para sectores afectados por las restricciones a las actividades económicas como restaurantes, bares y el sector comercial en general.
Durante los últimos días trabajadores de diversos sectores han realizado manifestaciones en las calles para pedir al Gobierno que permita la reapertura de las actividades económicas.
Debido al crecimiento sostenido de contagios, hospitalizaciones y muertes, desde el pasado 11 de julio el Gobierno mantiene restringidas la mayoría de las actividades económicas en el centro del país, que incluye la capital y las principales ciudades.
Estas restricciones estarán vigentes al menos hasta el 31 de julio, lo que las cámaras empresariales han calificado como un fuerte golpe y han exigido una rápida reapertura de todas las actividades bajo protocolos sanitarios estrictos.
El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que este lunes se contabilizan 612 casos nuevos de COVID-19, para un total de 15.841 desde el inicio de la pandemia.
Actualmente hay 323 personas hospitalizadas, de las cuales 56 se ubican en unidades de cuidados intensivos, cifras que son las más altas en lo que va de la emergencia sanitaria.
Las autoridades registraron 11 fallecimientos más, con lo que el total llegó a 115.
