Madrid, 16 ago (EFE).- La empresa pública española Canal de Isabel II ha licitado un contrato, por un importe estimado en 1.183.680 euros (1.203.342 dólares) para influir en políticos, periodistas y líderes de opinión en Colombia, con el objetivo de recuperar la inversión en la compañía Triple A de Barranquilla, expropiada en el país sudamericano.
A finales de 2021, Colombia aplicó una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones, con las que la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal, controlaba la empresa Triple A de Barranquilla.
La Fiscalía de Colombia considera que Inassa le cobró 68 millones de euros a la Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo.
Desde entonces, la compañía que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid lucha en tres frentes para defender los intereses corporativos y recuperar la inversión en la empresa Triple A: el diplomático, con contactos al máximo nivel gracias a la ayuda de la embajada de España; el legal, con la contratación de un despacho de abogados, y el de la influencia, con el nuevo contrato.
El objeto de este contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica en ‘public affairs’ (asuntos públicos) y comunicación estratégica, con el propósito de «elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión que esta empresa tiene en Colombia» en el procedimiento de «enajenación temprana» del 82,16 % de la participación accionarial de Canal Extensia América en la Triple A de Barranquilla, según la documentación publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Entre otras tareas, de acuerdo con la documentación, el adjudicatario del contrato deberá diseñar, planificar y ejecutar campañas de incidencia política, elaborar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia, dar apoyo en las relaciones con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la Unión Europea y establecer contacto con periodistas y líderes de opinión desplegando un plan de comunicación «para combatir las situaciones de crisis ante el riesgo de posibles ataques a la compañía».
El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y, a finales de 2021, activó un mecanismo de «enajenación temprana», es decir, de expropiación.
