La Paz, 17 ago (EFE).- El contrabando de vehículos es un problema de larga data que afecta a las economías de Bolivia y del vecino Chile, la puerta de ingreso para esos motorizados que siguen su camino por vías ilícitas hasta territorio boliviano, algunos provenientes de ultramar y otros robados en el norte chileno.
Entre enero y julio de este año fueron incautados en Bolivia 1.687 vehículos indocumentados, la mayoría de ellos en la región andina de Oruro (515) y en La Paz (494), con una afectación al contrabando por el equivalente a unos 35,5 millones de dólares, según un detalle proporcionado a Efe por la Aduana Nacional.
Aquellos motorizados que logran burlar los controles circulan luego sobre todo en las poblaciones fronterizas bolivianas, muchos sin papeles ni placas de control y otros con documentos «gemeleados», es decir, clonados o fraguados.
La preocupación es constante, con mayor fuerza cuando surgen voces de gente que compró estos vehículos, llamados «chutos» en Bolivia, y que reclama amnistías para su «nacionalización» o regularización.
Se desconoce la cifra exacta de vehículos «chutos» que circulan actualmente en Bolivia. Los cálculos más moderados hablan de 200.000 unidades, pero el sector importador asegura que son más de 500.000, señaló a Efe el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas.
«No es a nosotros a quienes están afectando directamente los importadores ‘chutos’. Es un problema y un daño a todo el Estado boliviano», manifestó Encinas.
Según el empresario, anualmente se importan por la vía legal entre 50.000 a 60.000 vehículos, por lo que una eventual «nacionalización» de ese medio millón de autos «chutos» equivaldría a las importaciones de una década.
Quienes pedían la amnistía para legalizar unos 200.000 vehículos indocumentados calculaban que el Estado boliviano obtendría por ello unos 280 millones de dólares.
Para Encinas, ese monto no supone beneficio alguno, teniendo en cuenta que el país debe importar diésel y gasolina para cubrir su demanda interna con un gasto anual de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares, y que luego esos combustibles se venden a precios subvencionados por el Estado.
El empresariado privado en Bolivia y Chile remarca además que existe la figura penal de la «receptación» que sanciona a quienes venden o compran bienes robados.
DIFÍCIL LUCHA ESTATAL
Las acciones contra este ilícito son coordinadas entre la Aduana y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, creado en 2018 después de que dos militares fueran asesinados en una emboscada de contrabandistas de vehículos.
En declaraciones a Efe, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, el general Daniel Vargas, reconoció que la amplitud de la frontera entre Bolivia y sus cinco vecinos hace que en ocasiones sea «muy dificultoso» cubrir los sectores por donde ingresan los «chuteros» o contrabandistas de vehículos.
Pese a ello, «el despliegue estratégico» de las Fuerzas Armadas en las fronteras permite llegar a las principales rutas empleadas para el contrabando de autos, «teniendo como un centro de gravedad la frontera con Chile», aseguró Vargas.
Según el oficial, se han identificado dos formas de ingreso de estos automóviles, una por los puntos de control autorizados empleando documentación «gemeleada» y otra por pasos ilegales.
«En algunos casos hay enfrentamientos porque no se dejan quitar (los vehículos) y en muchos casos también hemos visto que ellos emplean armas de fuego, explosivos», manifestó Vargas, quien también lamentó que algunas poblaciones fronterizas defiendan a los contrabandistas.
DELITOS LIGADOS
La lucha anticontrabando en Bolivia detectó vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas que llegan hasta la frontera con Chile con pequeñas cantidades de droga para intercambiarla por vehículos indocumentados o robados, según Vargas.
Mientras que en el país vecino preocupa el creciente robo de vehículos alentado por el mercado hallado en Bolivia para esos motorizados, comentó a Efe el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza.
Según Mendoza, en el norte de Chile «ha aumentado muchísimo la delincuencia asociada al robo de vehículos, incluso nuevos que todavía no logran tener su placa patente instalada,» y que son llevados a Bolivia, donde ya resulta complicado recuperarlos.
A su juicio, el acuerdo de cooperación para recuperar vehículos robados existente entre ambos países «ha sido escasamente utilizado», pues se requieren denuncias judiciales e intervención de abogados en ambos lados, lo que resulta complicado para los afectados por estos hurtos.
También alertó sobre el florecimiento de bandas delictivas que compran vehículos en Chile pagando en efectivo para venderlos en Bolivia y así «blanquear dineros» de otras actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas.
SOLUCIONES
Para Mendoza, «las leyes hoy día están dictadas, lo que falta hacer es que se cumplan» en ambos países y para ello consideró importante la cooperación entre Gobiernos.
«El Gobierno ha venido planteando que a través de la Cancillería se establezca una agenda bilateral con Chile para tocar de una manera general el tema del contrabando y en particular el tema de los vehículos indocumentados que están llenando nuestro país y están afectando la economía», manifestó por su parte Vargas.
Gina Baldivieso
