Buenos Aires, 15 sep (EFE).- Las empresas que administran las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo español Abertis, aseguraron este jueves que la renegociación de los contratos de concesión que el Gobierno argentino pide anular es «legítima».
Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) remitieron este jueves a la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados en Argentina) dos comunicados de idéntico contenido en los que aludieron a la decisión anunciada este miércoles por el presidente argentino, Alberto Fernández, de impulsar en la Justicia la nulidad de las concesiones de las dos autopistas.
Mediante un decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, Fernández instruyó a la Dirección de Vialidad de Argentina a iniciar una acción judicial por «lesividad» en perjuicio del Estado y a los fines de que la Justicia dictamine la nulidad de los contratos de concesión firmados en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Las empresas, que indicaron que de momento no han sido notificadas de ninguna acción judicial al respecto, afirmaron que harán «las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos».
Ambas compañías aseguraron que los acuerdos de renegociación de las concesiones firmados en 2018 son «plenamente legítimos» y fueron aprobados por el Ejecutivo argentino.
Añadieron que esos acuerdos son el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años.
«Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable», afirmaron.
OBJECIONES
Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno argentino anunció este miércoles su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de esos acuerdos.
El Ejecutivo de Fernández alega que, en el marco de las renegociaciones de los contratos, el Gobierno de Macri reconoció «sin ninguna justificación» una deuda bruta a favor de las empresas, por un total de 813,1 millones de dólares, «dolarizó» los contratos que antes estaban en pesos y fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una «rentabilidad extraordinaria» a las compañías.
Además, cuestiona que se hayan prorrogado de «manera arbitraria hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.
Según declaró el ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel Katopodis, «lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma», configurándose «un negociado absolutamente escandaloso».
El Grupo Concesionario del Oeste está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.
En tanto, Autopistas del Sol está participada por Abertis (31,59 %), la firma italiana Webuild (19,82 %) y la argentina Natal Inversiones (14,12 %), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.
