Y el 2022 se pone cada vez más interesante. Ya sabíamos que la contienda electoral con miras a los comicios del 2023 harían de este año particularmente movido, con pujas de poder al interior del partido actualmente en el Gobierno y un sector opositor que nuevamente debe probar su capacidad de unión para ofrecer una opción de cambio.
Pero no solo estos predecibles factores políticos domésticos captarían la atención, pues también llegarían sorpresas desde otras latitudes que influirían en el tablero y ojalá que, también, en el quehacer político.
Nos referimos, específicamente, a la mejora de la perspectiva de la calificación de riesgo crediticio de Paraguay por parte de Moody´s Investor Service y las designaciones del gobierno de Estados Unidos de personas “significativamente corruptas”.
En el primer caso, la perspectiva ahora “positiva” de la nota Ba1 asignada a nuestro país nos ilusiona con superar por fin el escalón que nos separa del investment grade, de modo a ascender al grupo de economías consideradas serias y confiables para la inversión. Este avance en el perfil de riesgo soberano se da siete años después de la última modificación y a meses de que se deba aprobar un Presupuesto General de la Nación (PGN) que se salve de la tentación del clientelismo y el prebendarismo, vicios lastimosamente muy arraigados a la tradición política paraguaya.
Entre los ajustes que Moody´s recomienda implementar en el país, para lograr el anhelado aumento de nota, se encuentran las reformas estructurales relacionadas con el servicio civil, el fondo público de pensiones y la contratación pública.
No es novedad que estas tareas sean señaladas desde fuera entre los pendientes que más urgen concretarse a nivel local para lograr una mejor gobernanza: los organismos multilaterales ya lo han dicho en reiteradas ocasiones y existen proyectos presentados por el Ejecutivo en estas áreas; habrá que ver si la dirigencia política muestra un signo de madurez e interpone el bien común a sus intereses particulares.
La calificadora internacional también establece como condición para incrementar la nota de Paraguay el cumplimiento de sus proyecciones económicas. Entre ellas, la firma prevé que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a nuestro país crezcan en los próximos dos a tres años y asciendan hasta a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en este periodo, a partir del nivel de 1% en que cerrarán el 2022.
En este punto, los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) son auspiciosos, aunque queda el año de seguimiento intensificado en que se deberán corregir los puntos débiles detectados en la lucha anti lavado y contra el financiamiento del terrorismo. A esto se suman otros desafíos más relacionados con la honestidad y la integridad de las personas que incursionan en la política, en nuestro país.
La designación del ex presidente Horacio Cartes y vicepresidente Hugo Velázquez como personas “significativamente corruptas” por parte del gobierno de los Estados Unidos es, sin duda, el escándalo del año. Si bien no es sorpresa que se detecten actos de corrupción en la administración del Estado paraguayo, el momento en que se dieron estos anuncios y la fuente de la que emanan los tornan particularmente importantes para los próximos sucesos a nivel país.
El empresario devenido a primer mandatario del 2013 al 2018 ya viene enfrentando varias acusaciones y, en esta ocasión, además de comprometer la carrera de Santiago Peña hacia el Palacio de López, habrá que ver cómo afecta al grupo empresarial que participa de prácticamente todos los sectores económicos (primario, secundario y terciario).
En cuanto al otrora aspirante a la presidencia por el oficialismo, este ya se vio obligado a descabalgar de su precandidatura e inicialmente anunció que renunciaría a su puesto como segundo del Ejecutivo, y el tiempo dirá si la chapa Arnoldo Wiens-Juan Manuel Brunetti logra borrar esta mancha que se suma a la baja aprobación de la gestión de Mario Abdo Benítez.
El accionar de la justicia ante estas y otras acusaciones será vital para la construcción de una imagen país que merezca realmente ingresar al grado de inversión, mientras que el electorado también se nutre de más elementos para castigar con su voto a la deshonestidad y el egoísmo, que tanto mal ya han generado a nuestra querida nación.
El dinamismo económico no está pasando por su mejor momento, ya que se espera un crecimiento de apenas 0,2% del PIB en el 2022 -que seguirá a las caídas de 0,4% y 0,8% de 2019 y 2020- y se debe principalmente a los efectos de la última sequía. Pero así como se espera que este resultado se revierta el año que viene -con un rebote que en el sector privado se considera que puede ser de hasta casi 10%-, esperemos que el optimismo pueda trasladarse a la arena política y se cumplan las condiciones para que lleguemos a ser un país en grado de inversión.
